Nuevo esquema de ajuste para las facturas de gas. A partir de los cuadros tarifarios de agosto de 2026, las distribuidoras deberán recalcular cada dos meses la llamada Diferencia Diaria Acumulada (DDA)
La Secretaría de Energía introdujo un cambio clave en la forma en que se actualizan las tarifas de gas natural para los usuarios residenciales. A partir de los cuadros tarifarios de agosto de 2026, las distribuidoras deberán recalcular cada dos meses la llamada Diferencia Diaria Acumulada (DDA), mecanismo que corrige la brecha entre el precio estimado del gas al inicio del período y el valor finalmente abonado a los productores.
Hasta ahora, esa corrección se hacía en forma estacional, es decir, dos veces al año. Ese esquema generaba que las empresas distribuidoras acumularan montos importantes durante varios meses antes de poder volcarlos a la factura de los usuarios, lo que derivaba en variaciones más bruscas en determinados momentos del año.
Con la nueva normativa, esas diferencias se incorporarán bimestralmente y en sumas menores, con el objetivo de evitar picos pronunciados en los importes finales. Fuentes del sector señalan que un ajuste más frecuente permite repartir las correcciones en períodos más cortos y suavizar el impacto sobre los hogares.
Qué es la Diferencia Diaria Acumulada
La DDA surge porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que sirve de referencia para las tarifas residenciales, no coincide exactamente con lo que las distribuidoras pagan día a día a los productores. Se parte de una estimación inicial y luego, al conocerse los valores definitivos, se realiza una corrección.
La ley 24.076 y su decreto reglamentario 1.738/92 disponen que esas variaciones deben trasladarse al usuario final de modo tal que las distribuidoras no obtengan ganancias extraordinarias ni sufran pérdidas por esa diferencia. De allí la necesidad de contar con un mecanismo específico como la DDA.
Por qué cambia la periodicidad del ajuste
De acuerdo con la resolución 167/2026, el esquema estacional generaba un “doble efecto” durante el invierno: en meses de mayor consumo, las distribuidoras debían afrontar un precio del gas más alto y, al mismo tiempo, acumulaban diferencias que recién se trasladaban tiempo después a las facturas, impactando de manera más abrupta.
- En invierno aumentan tanto el volumen de gas consumido como el precio mayorista.
- Las diferencias acumuladas se concentraban luego en períodos de ajuste, produciendo saltos relevantes en las boletas.
- El nuevo esquema bimestral busca distribuir esas correcciones en montos más acotados y frecuentes.
La Secretaría de Energía argumenta que esta modificación permitirá “adoptar medidas adicionales para asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo”, es decir, garantizar que las distribuidoras cuenten con recursos suficientes para pagar el gas que adquieren y sostener el servicio.
Impacto en las facturas y rol del ente regulador
Según la norma, el organismo regulador del gas —mencionado en la resolución como el encargado de adecuar los procedimientos tarifarios— deberá adaptar sus metodologías para que el nuevo esquema de DDA comience a regir con los cuadros tarifarios de agosto de 2026. En esa instancia, se fijará también la “determinación inicial” de las diferencias a considerar bajo el mecanismo bimestral.
El objetivo oficial es reducir la volatilidad de los ajustes: habrá más correcciones, pero de menor magnitud en cada factura.
En la práctica, el cambio no implica una baja inmediata del costo del gas, pero sí apunta a que las subas y correcciones se perciban de manera más gradual. Especialistas del sector energético destacan que la previsibilidad en la actualización de costos es clave tanto para la planificación de las empresas como para la economía de los hogares, que suelen enfrentar mayores tensiones en los meses de mayor consumo.
De esta forma, el Gobierno introduce una herramienta adicional en el complejo esquema de formación de tarifas de gas, en un contexto en el que el debate sobre subsidios, costos reales del servicio y capacidad de pago de los usuarios sigue en el centro de la agenda económica.
