Proyecto para impedir el uso de celulares en cárceles de la Provincia
NewsITe
La senadora provincial del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que apunta a prohibir de manera expresa la tenencia y el uso de teléfonos celulares en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, así como a instalar inhibidores de señal para frenar estafas, extorsiones y secuestros virtuales organizados desde prisión.
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La iniciativa, a la que accedió Noticias Argentinas, dispone la colocación obligatoria de sistemas de inhibición de señal en cada unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, complementados con controles tecnológicos y requisas permanentes. El objetivo es impedir el ingreso y la circulación de dispositivos móviles que permiten a las bandas criminales seguir operando desde los pabellones.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, advirtió Galmarini al fundamentar la propuesta. La legisladora sostuvo que el endurecimiento de los controles comunicacionales debe ir acompañado por herramientas tecnológicas actualizadas, ya disponibles en otros países y en algunas jurisdicciones argentinas.
Comunicación controlada y foco en las víctimas
El proyecto contempla que las personas privadas de libertad no puedan poseer teléfonos celulares ni otros dispositivos que permitan comunicaciones no autorizadas. Sin embargo, se prevé la implementación de sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares, allegados y defensores, en cumplimiento de los estándares de derechos humanos.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, enfatizó la senadora. En esa línea, remarcó que detrás de cada llamada extorsiva o estafa telefónica hay víctimas que padecen miedo, angustia y graves pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o agresiones contra familiares.
Desde el equipo de la legisladora señalaron que la discusión no se limita a la tecnología o a la gestión penitenciaria, sino que se centra en la protección ciudadana. “No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, indicaron.
Plazos de implementación y desafíos para la Provincia
El texto ingresado en el Senado bonaerense fija un plazo máximo de 180 días para instalar los sistemas de inhibición de señal en todas las cárceles provinciales, con la meta de bloquear comunicaciones ilegales y desarticular redes delictivas que operan desde los penales. La iniciativa se inscribe en el debate sobre cómo actualizar el sistema penitenciario frente al avance tecnológico y el incremento de delitos virtuales.
- Prohibición expresa de celulares y dispositivos de comunicación en cárceles bonaerenses.
- Instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias en un plazo de 180 días.
- Controles tecnológicos y requisas constantes para evitar el ingreso de teléfonos.
- Sistemas de comunicación supervisados para garantizar el vínculo con familias y defensores.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó Galmarini.
El proyecto ahora deberá ser analizado en comisiones y buscará apoyo de los distintos bloques políticos. De avanzar, implicará un cambio profundo en el régimen de comunicaciones dentro de las cárceles bonaerenses, con el foco puesto en reducir el delito organizado y fortalecer la protección de las potenciales víctimas fuera de los muros.
