Furiase evitó la polémica por AUH y defendió el Presupuesto

Economía se corre de la polémica por AUH y discapacidad

Federico Furiase expone sobre el Presupuesto 2027

NewsITe

El Ministerio de Economía optó por el silencio frente a la fuerte polémica que generaron los cambios en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los recortes vinculados a la discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027. La estrategia oficial quedó en evidencia cuando el secretario de Finanzas, Federico Furiase, evitó pronunciarse sobre el tema durante una entrevista radial, en momentos en que crecen las críticas de la oposición y de organizaciones sociales.

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Consultado en Radio Rivadavia sobre el impacto de las modificaciones en la AUH y las políticas de discapacidad, Furiase respondió:

“Si me dejas prefiero excusarme y no meterme en lo que está politizado”

. Con esa frase, el funcionario dejó claro que el Gobierno busca desmarcar la discusión social y política de la hoja de ruta fiscal que plantea el proyecto enviado al Congreso.

A diferencia de otros años, el oficialismo decidió presentar el Presupuesto con un perfil muy bajo. El presidente Javier Milei no concurrió al Congreso ni utilizó la cadena nacional, como sí ocurrió con las iniciativas para 2025 y 2026. Tampoco el ministro de Economía, Luis Caputo, defenderá el texto ante los legisladores. Toda la comunicación recayó en Furiase, quien concentró su mensaje en el orden fiscal y evitó responder cómo se definieron los puntos más sensibles del proyecto.

De acuerdo con el secretario de Finanzas, el Presupuesto 2027 “dejó de ser un dibujo” y refleja el eje central del programa económico: un fuerte ancla fiscal. En ese marco, destacó que el Gobierno proyecta un resultado primario del 1,3% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. Según su mirada, esa consistencia en las cuentas públicas es la señal más valorada por los mercados, más allá de los debates políticos que se dan en el Congreso.

Mercados, ancla fiscal y proyecciones hacia 2027

Furiase subrayó que los inversores siguen de cerca el Presupuesto como indicador de gobernabilidad, pero aseguró que ya descuentan que el compromiso con el equilibrio fiscal “es inquebrantable”. En ese sentido, sostuvo que el equipo económico no prevé un escenario de alta volatilidad para 2027, porque confía en que para entonces el presidente Milei llegará con una mejor posición política y con una economía más robusta.

No obstante, el funcionario admitió que el Gobierno se prepara para posibles tensiones financieras. Señaló que el programa de financiamiento para este año y el próximo se encuentra “cerrado” sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales. Además, destacó que se reestructuró el calendario de deuda para que aproximadamente el 50% de los vencimientos en moneda local se concentren después de octubre de 2027.

Entre los pilares que mencionó, Furiase incluyó la vigencia de los swaps de monedas con China y Estados Unidos y una balanza comercial superavitaria, factores que –sostuvo– contribuyen a sostener la estabilidad en un contexto global complejo. “Tener una economía estable en este contexto tan adverso habla de la fortaleza del programa macroeconómico”, afirmó el secretario de Finanzas.

Debate abierto sobre el impacto social del ajuste

Mientras Economía hace foco en las metas fiscales, el debate público se concentra en el costo social del ajuste, especialmente en sectores vulnerables como niños, niñas y personas con discapacidad. Legisladores de la oposición y organizaciones especializadas exigen mayor claridad sobre cómo afectarán los cambios en la AUH y en las prestaciones específicas. La decisión de Furiase de no opinar sobre esos puntos profundizó las críticas por la falta de explicaciones oficiales.

Pese a los cuestionamientos, el funcionario negó que exista una crisis en la llamada “microeconomía” y rechazó que la mejora en los indicadores macro no se traduzca en la vida cotidiana. “No coincido con esto del metro cuadrado y que la macro no llega a la micro porque los números no dicen eso”, insistió. De esta forma, el Gobierno reafirma su hoja de ruta de disciplina fiscal, aun cuando crece la tensión por el impacto social de las medidas.

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