La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera pidió que la defensa de los recursos naturales también alcance a las licencias de pesca otorgadas en las Islas. Según la entidad, la actividad representa cerca del 40% del PBI del archipiélago.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) reclamó al Gobierno nacional que incorpore a la pesca en las medidas contra la explotación británica de recursos naturales en las Islas Malvinas. El pedido surgió después de los anuncios que el presidente Javier Milei realizó en cadena nacional sobre el ejercicio de la soberanía argentina.
La entidad cuestionó que las decisiones se concentren en la actividad petrolera mientras continúa la explotación pesquera mediante permisos británicos. En su comunicado, sostuvo que ambos recursos deben quedar comprendidos bajo el mismo criterio de protección.
“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, expresó la fundación.
Su presidente, Raúl Cereseto, profundizó ese planteo: “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas”.
Según el relevamiento de Fulasp, las capturas en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas durante 2024. El calamar Illex argentinus concentró 146.689 toneladas de ese total, mientras que más de 130 buques operaron simultáneamente durante los picos de temporada.
La fundación señaló que la pesca constituye el principal motor económico del archipiélago y representa cerca del 40% de su PBI. También estimó que la venta de licencias genera unos 39 millones de libras esterlinas anuales.
Ferraro denunció beneficios del RIGI para una empresa sancionada por operar en Malvinas
En paralelo, el diputado Maximiliano Ferraro denunció que Harbour Energy, una compañía británica inhabilitada por actividades en Malvinas, participa de un proyecto energético beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según la presentación del presidente de la Coalición Cívica, la empresa posee el 15% de las acciones de Southern Energy. El Gobierno aprobó mediante la Resolución 559/2025 el proyecto de producción y exportación de gas natural desde Río Negro.
Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC. La compañía cambió su denominación en 2021 por motivos comerciales y estratégicos.
El legislador recordó que las autoridades argentinas sancionaron a esa firma en 2013, en el marco de la Ley 26.659. La restricción respondió a tareas de exploración sobre la plataforma continental argentina sin las autorizaciones nacionales correspondientes.

