Furiase y Nuñez responden a las críticas por sus hipotecas
NewsITe
Dos funcionarios del equipo económico que rodea al ministro Luis Caputo salieron a explicar públicamente cómo accedieron a cuantiosos créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación, luego de que se conocieran los montos y se multiplicaran las críticas por un supuesto trato privilegiado. Se trata del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y de Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Palacio de Hacienda.
Ambos defendieron la legalidad de las operaciones y remarcaron que no obtuvieron beneficios especiales por su condición de funcionarios. Los préstamos se suman a una lista de créditos hipotecarios obtenidos por distintos referentes del oficialismo, lo que encendió el debate sobre el acceso al financiamiento para vivienda en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y dificultades para llegar a un crédito similar en el sector privado.
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“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. ¿Por qué elegimos el Banco Nación? Primero, porque cobramos el sueldo ahí”, argumentó Nuñez en una entrevista con un canal de streaming, al justificar la elección de la entidad pública y negar privilegios.
Montos de los créditos y aclaraciones sobre las propiedades
Según trascendió, Furiase obtuvo en agosto del año pasado un crédito hipotecario por 367 millones de pesos, equivalente en ese momento a unos 280 mil dólares. En tanto, Nuñez accedió en febrero de 2023 a un préstamo de 373 millones de pesos, aproximadamente 315 mil dólares. Ambos insistieron en que las tasas ofrecidas por el Nación eran las “más competitivas del mercado” y que sus familias asumieron compromisos de deuda a 30 años.
Furiase, por su parte, explicó que el crédito fue destinado a la compra de “una segunda vivienda” y que lo tomó “a una tasa más alta” que la que suele destacarse en la discusión pública. También buscó despejar sospechas sobre la supuesta existencia de una tercera propiedad: indicó que se trata de una donación de derechos de usufructo realizada por sus padres, por la que le corresponde el 33% y que, por normativa, no se contabiliza como vivienda adicional. “No vivo ahí desde 2010”, remarcó.
La defensa de los funcionarios se da en un clima de fuerte sensibilidad social frente al acceso a la vivienda propia. En los últimos años, la oferta de créditos hipotecarios tradicionales se redujo drásticamente y las líneas ajustadas por inflación o por tipo de cambio generaron desconfianza entre potenciales tomadores, por lo que cada caso de altos montos otorgados a funcionarios genera controversia pública.
Otros funcionarios y legisladores alcanzados por los préstamos
- Entre los beneficiarios también figuran legisladores oficialistas como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, quienes habrían accedido a líneas similares.
- Se suman además Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano.
La polémica escaló cuando se conoció que Massaccesi fue removido de su cargo por no haber informado a la ministra Sandra Pettovello sobre el crédito obtenido, lo que derivó en cuestionamientos internos y externos al Gobierno.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los criterios de otorgamiento de créditos por parte de bancos públicos y las eventuales incompatibilidades para quienes ocupan cargos de decisión en el Estado. Mientras los funcionarios recalcan que actuaron dentro de la ley y con las mismas condiciones que cualquier ciudadano, los cuestionamientos se centran en la ética, la transparencia y la equidad en el acceso a financiamiento en un país donde el crédito hipotecario es, para la mayoría, una alternativa lejana.
