El Tribunal Federal de Rosario reconoció los daños a la salud por agroquímicos: condenó a dos funcionarios y absolvió a productores porque no encontró pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los imputados. La sentencia alcanzó a Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, quienes se desempeñaban como responsables de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, área encargada de controlar y fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos en el partido. Fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De la redacción de EL NORTE
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El Tribunal Federal Nº 2 de Rosario, integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Helena Beatriz Hilario, condenó por unanimidad a dos funcionarios municipales de Pergamino y absolvió al resto de los imputados en el juicio por fumigaciones con agroquímicos en zonas periurbanas.
La sentencia alcanzó a Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, quienes se desempeñaban como responsables de la Dirección de Ambiente Rural del municipio, área encargada de controlar y fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos en el partido. Ambos fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cambio, fueron absueltos productores rurales, aplicadores y técnicos —entre ellos Fernando Cortese, Mario Reinero Roses, Víctor Hugo Tiribó, José Luis Gratone y los hermanos Sabatini—, al considerar el tribunal que no se acreditó su responsabilidad penal en los términos exigidos por la ley.
En su fundamentación oral, el tribunal estableció un doble plano que atravesó todo el fallo: por un lado, dio por probado el daño ambiental y sanitario; por otro, consideró insuficiente la prueba penal para imputar responsabilidades individuales.
“No tenemos dudas de que la exposición a agroquímicos le provocó daños en la salud” de vecinos de Pergamino, señalaron los jueces, al tiempo que remarcaron que existe respaldo científico para vincular esas prácticas con enfermedades en zonas cercanas a fumigaciones.
Sin embargo, sostuvieron que la acusación no logró demostrar “más allá de toda duda razonable” que los imputados hayan fumigado en forma ilegal o con intención de contaminar, ni establecer con precisión el nexo causal entre conductas concretas y el resultado contaminante.
“El tribunal no está para resolver debates políticos o ambientales, sino para determinar si hubo un delito penal”, advirtió Lanzón al delimitar el alcance de la decisión, en un tramo clave de la lectura.
