Organismos cuestionan en Diputados el proyecto oficial sobre Malvinas y seguridad
NewsITe
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de organismos de Derechos Humanos, entidades civiles y ex funcionarios especializados en la cuestión Malvinas objetaron con dureza el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” que impulsa el Gobierno nacional. La iniciativa, que el oficialismo busca dictaminar en los próximos días para llevarla al recinto el 21 de octubre, combina un endurecimiento de sanciones contra empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas con una profunda reconfiguración del sistema de defensa, seguridad e inteligencia.
El texto, de 133 artículos, prevé hasta 20 años de prisión e inhabilitación para directores y accionistas de compañías extranjeras que desarrollen actividades económicas en Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. También reemplaza la Ley 26.659, amplía las prohibiciones a todo tipo de recursos naturales y crea un registro público de infractores con restricciones para que el Estado y los particulares puedan contratar con ellos.
Sin embargo, las críticas se concentraron en el rediseño institucional que propone el proyecto. La oposición de Unión por la Patria denunció que se trata de un “caballo de Troya” que, bajo el argumento de fortalecer la soberanía, subordina la política de seguridad y defensa a una lógica de contrainsurgencia alineada con los lineamientos de Estados Unidos para América Latina. En esa línea, reclamaron recortar el texto únicamente a los artículos relativos a Malvinas y dejar afuera las reformas más sensibles.
Alertas por concentración de poder y libertades civiles
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky planteó que la iniciativa “reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista”. Señaló que la noción de seguridad nacional opera como marco para justificar una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo y la normalización de medidas de excepción, con definiciones muy laxas sobre terrorismo y amenazas externas que habilitan un margen amplio de discrecionalidad estatal.
La representante del organismo de derechos humanos advirtió que el proyecto amplía la persecución por terrorismo con límites difusos, lo que, en su visión, puede derivar en prácticas arbitrarias, criminalización de la protesta y restricciones a libertades civiles y políticas. Cuestionó además que se otorguen facultades administrativas y sancionatorias al Consejo de Seguridad Nacional por fuera de los controles institucionales habituales y que se consagren figuras penales que podrían configurar un “estado de sospecha permanente”.
“Es evidente lo difuso, ambiguo y peligroso de esta capacidad de etiquetar como enemigo de la seguridad nacional a personas u organizaciones sin tener que dar muchas explicaciones”, advirtió Litvachky, al remarcar el riesgo de que medidas extraordinarias se apliquen incluso sin un procedimiento judicial iniciado.
Malvinas, Consejo de Seguridad Nacional y derribo de objetivos
El ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus sostuvo que el proyecto avanza “en la dirección contraria” a la política de Estado que, según remarcó, se sostuvo en gestiones anteriores en defensa de la soberanía sobre el archipiélago. A su entender, disposiciones como la autorización de protocolos de derribo de aeronaves, hundimiento de buques y preparación de las Fuerzas Armadas para operaciones no convencionales pueden ser utilizadas por el Reino Unido para reforzar su narrativa de amenaza ante la OTAN.
Entre los ejes más controvertidos, el proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la conducción de la ex SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendría a su cargo coordinar la respuesta del Estado en los frentes diplomático, militar, económico, jurídico, cibernético e informativo, incluso con facultades para bloquear fondos, restringir operaciones financieras y modificar transitoriamente el comercio exterior ante amenazas consideradas graves e inminentes.
La propuesta incorpora además el juicio en ausencia para ciertos delitos, el congelamiento de bienes y la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que habilita la inmovilización de activos y la prohibición de realizar operaciones económicas con quienes figuren allí. Organizaciones profesionales como FOPEA alertaron que el alcance de algunas figuras podría incentivar la autocensura y la persecución de la crítica legítima, mientras que desde el Gobierno defienden que el objetivo es frenar la guerra informática de potencias extranjeras y no afectar el trabajo periodístico.
El debate parlamentario continuará la semana próxima, con un oficialismo decidido a avanzar y una oposición que buscará acotar la iniciativa a los aspectos vinculados estrictamente a Malvinas. En el medio, persiste la discusión de fondo sobre cómo compatibilizar la defensa de la soberanía y la seguridad frente a amenazas contemporáneas con la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías democráticas.
