La litigiosidad laboral marca un nuevo récord y abre debate en el Congreso
NewsITe
Los juicios laborales por accidentes de trabajo se convirtieron en uno de los focos centrales del debate sobre la reforma laboral en la Argentina. De acuerdo con los últimos datos del sistema de Riesgos del Trabajo, recopilados por la Fundación Libertad y Progreso, la cantidad de demandas judiciales se multiplicó por 44 entre 2003 y 2025, alcanzando un nivel histórico de litigiosidad.
Durante 2025 se iniciaron cerca de 132.000 juicios vinculados con Riesgos del Trabajo, lo que equivale a más de 350 nuevas demandas por cada día hábil. Esta dinámica ubica al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) bajo una fuerte presión económica y regulatoria, en un contexto en el que las cifras de siniestralidad no acompañan el mismo ritmo de crecimiento.
Los registros oficiales muestran que los accidentes laborales tuvieron una primera etapa de incremento, pero luego se estabilizaron e incluso mostraron retrocesos en algunos períodos. Es decir, la cantidad de accidentes efectivos no justifica, por sí sola, el salto exponencial en la judicialización de los reclamos. Para los analistas, este desajuste entre siniestros y juicios es una señal de alarma sobre el funcionamiento del sistema.
La Fundación Libertad y Progreso advierte que el aumento sostenido de la litigiosidad impacta de lleno en los costos del sistema de ART. A mayor volumen de juicios, crecen las erogaciones de las aseguradoras, lo que se traslada a primas más elevadas para las empresas. Este encarecimiento afecta con particular fuerza a las pequeñas y medianas compañías y a los sectores que concentran mayor cantidad de empleo registrado.
Impacto en el empleo y en la discusión sobre la reforma laboral
Según el informe, la incertidumbre jurídica que genera el elevado nivel de juicios laborales repercute sobre las decisiones de contratación y de inversión. Muchos empleadores perciben que los riesgos asociados a un eventual conflicto judicial son altos y difíciles de prever, lo que termina desalentando la creación de puestos formales y limita la expansión de proyectos productivos.
En este marco, el capítulo de los juicios laborales y del funcionamiento del sistema de Riesgos del Trabajo ocupa un lugar cada vez más destacado en la discusión parlamentaria. En el Senado, distintos bloques analizan alternativas para reducir la judicialización sin resignar la protección del trabajador frente a accidentes y enfermedades profesionales, un equilibrio que se reconoce como clave para la sustentabilidad del modelo.
Los especialistas remarcan que el desafío pasa por corregir los incentivos que hoy favorecen el conflicto judicial, en muchos casos incluso cuando los niveles de accidentes no explican la magnitud de las demandas. Se mencionan, entre otros aspectos, los tiempos de resolución, la dispersión de criterios en los fallos y la posibilidad de multiplicar reclamos por un mismo caso.
Experiencias regionales y posibles reformas al sistema de ART
El informe cita la experiencia de Chile como un ejemplo de referencia en la región. Allí, el sistema de cobertura por accidentes de trabajo registra niveles de litigiosidad sensiblemente menores, pese a contar con estándares de protección y alcance similares a los de la Argentina. La clave, sostienen, está en un esquema con reglas más claras y una mayor resolución administrativa de los casos.
En ese modelo, una parte importante de los conflictos se canaliza y resuelve fuera de los tribunales, lo que permite alinear de manera más directa la cantidad de accidentes con la cantidad de reclamos. Como resultado, se reducen los costos asociados al sistema, se otorga mayor previsibilidad a empleadores y trabajadores, y se crea un entorno más favorable para el empleo formal.
“El desafío es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican”, subraya la Fundación Libertad y Progreso.
En paralelo al debate legislativo, distintos actores del sector productivo y del ámbito jurídico coinciden en que cualquier reforma debería contemplar mecanismos ágiles de resolución de controversias, mayor transparencia en los procesos y lineamientos claros sobre indemnizaciones y responsabilidades. El modo en que se encare esta discusión en el Congreso será clave para definir el futuro del sistema de Riesgos del Trabajo y su impacto sobre la economía y el empleo registrados.
