Entidades del campo se plantan ante el proyecto de desfinanciar al instituto
NewsITe
Las principales entidades agropecuarias y cámaras frigoríficas del país salieron al cruce de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación que propone cambiar de raíz el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La iniciativa apunta a que los aportes que hoy realizan de manera obligatoria productores e industrias frigoríficas pasen a ser voluntarios.
El borrador, que fue confeccionado por el equipo del ministro Federico Sturzenegger y aún no llegó al Congreso, introduce modificaciones sobre la Ley 25.507, norma que dio origen al IPCVA en 2001. El proyecto se inscribe en la estrategia oficial de revisar y, eventualmente, recortar organismos que se sostienen mediante contribuciones obligatorias del sector privado.
Según trascendió, el artículo 37 del texto fija como fecha clave el 1° de octubre de 2027. A partir de ese día dejarían de regir las contribuciones obligatorias destinadas al instituto. Además, instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a dejar de aplicar, retener o recaudar esos fondos, así como a desarmar los convenios y mecanismos administrativos que hoy permiten canalizar ese financiamiento.
El argumento del sector: una herramienta estratégica
La sola difusión del anteproyecto encendió las alarmas en el Consejo de Representantes del IPCVA, que reagruppa a las principales organizaciones de la cadena de ganados y carnes. A través de un documento conjunto, manifestaron su “firme respaldo” al instituto y defendieron su rol como “herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina” tanto en el mercado interno como en el externo.
El pronunciamiento fue suscripto por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, la Federación Agraria Argentina (FAA), el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), lo que refleja un inusual nivel de consenso entre productores e industria.
Las entidades remarcan que el IPCVA se sostiene exclusivamente con recursos privados, aportados por los distintos eslabones de la cadena, y que no recibe fondos del Tesoro Nacional. De acuerdo con la legislación vigente, los productores destinan el equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que los frigoríficos contribuyen con el 0,03% del mismo parámetro.
Temor por el impacto en la promoción de la carne argentina
En el sector advierten que transformar esos aportes en voluntarios podría derivar en una fuerte caída de los ingresos del instituto. Ese escenario, sostienen, pondría en riesgo la continuidad de las campañas de promoción de la carne vacuna argentina, que en los últimos años buscaron consolidar la imagen del producto tanto en las góndolas locales como en ferias y mercados internacionales clave.
Además de las acciones de marketing, el IPCVA participa en misiones comerciales, estudios de mercado, capacitaciones y actividades orientadas a mejorar la competitividad del sector y a abrir o consolidar destinos de exportación. Los representantes de la cadena cárnica alertan que la reducción de recursos limitaría de manera significativa este tipo de iniciativas en un contexto global cada vez más competitivo.
Para las entidades agropecuarias, el desfinanciamiento del IPCVA implicaría “debilitar una política de Estado que ha contribuido a posicionar a la carne vacuna argentina en el mundo”.
Mientras el Gobierno avanza en su plan de revisión de organismos y fondos parafiscales, el futuro del instituto queda en el centro de una nueva disputa entre la administración nacional y el campo. Las entidades reclaman ser escuchadas antes de que el proyecto llegue al Congreso y advierten que, más allá de la discusión sobre la carga tributaria, están en juego la presencia internacional de la carne argentina y el desarrollo de una cadena clave para la economía del país.
