La oposición cuestiona el cambio de carátula y habla de impunidad
NewsITe
Dirigentes de distintos espacios opositores salieron a cuestionar con dureza la decisión del fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El representante del Ministerio Público consideró que no hubo enriquecimiento ilícito y propuso que el expediente deje los tribunales de Comodoro Py para pasar al fuero Penal Económico, donde el foco quedaría puesto en eventuales irregularidades tributarias.
La resolución generó un inmediato rechazo en la dirigencia opositora, que interpreta el giro de la causa como un paso hacia la impunidad y un nuevo capítulo en la puja por el rol de la Justicia frente a los funcionarios del actual gobierno. Las críticas se multiplicaron en redes sociales, donde se cruzaron acusaciones sobre connivencia entre el poder político y el sistema judicial.
Acusaciones por inconsistencias patrimoniales
El diputado porteño y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue uno de los primeros en pronunciarse. Señaló que, antes de llegar al Gobierno, Adorni no tenía un patrimonio relevante y cuestionó que ahora se intente explicar el salto en su nivel de vida a partir de un supuesto hallazgo de criptomonedas almacenadas en un pendrive.
Según el legislador, se habla de más de 400.000 dólares que habrían sido utilizados para la compra de propiedades, obras de remodelación, viajes al exterior y vuelos privados, además de gastos domésticos y el uso de tarjetas de crédito de empleados. Ferraro sostuvo que, frente a estos elementos, es inaceptable que se considere que no hay nada que investigar y advirtió sobre “pactos” entre operadores judiciales y el poder político.
Cruces por el uso del Papa y críticas a Comodoro Py
Otra voz que se sumó a las críticas fue la de la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico. La abogada acusó al fiscal de “usar al Santo Padre” para minimizar el impacto del caso, al sostener que el pedido de cambio de carátula se produjo con el país pendiente de la llegada del Papa, y que así se transformaría un posible delito de corrupción en un asunto impositivo susceptible de resolverse con un pago.
Talerico también apuntó al juez Ariel Lijo, quien podría quedar a cargo del expediente, y recordó que el magistrado intervino en la causa conocida como LIBRA, en la que –según su interpretación– el expediente terminó en sobreseimientos tras largos trámites. A su juicio, que se repita una dinámica similar en la causa Adorni implicaría una “traición” a quienes reclamaban un cambio en la relación entre política y Justicia.
Cuestionamientos al rol de los fiscales
Desde la izquierda, el titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, calificó la situación como un ejemplo de “justicia de clase” y recordó que el mismo fiscal Pollicita impulsó investigaciones contra dirigentes del movimiento piquetero mientras ahora se encamina a favorecer al exfuncionario del Poder Ejecutivo. En el ámbito del kirchnerismo, el abogado Gregorio Dalbón también cargó contra el accionar de los fiscales involucrados, a quienes acusó de actuar con mayor entusiasmo que los propios imputados a la hora de pedir cierres de causas sensibles para el Gobierno.
Dalbón vinculó los movimientos en la causa Adorni con decisiones recientes en otros expedientes, como LIBRA, y planteó que se habría instalado un patrón en el que los errores de los fiscales se inclinan siempre hacia el mismo lado. Afirmó que el rol del Ministerio Público es representar a la sociedad y no a la Casa Rosada, y reclamó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en el caso.
Debate sobre transparencia y confianza pública
- El cambio de carátula desplaza el eje del posible enriquecimiento ilícito hacia supuestas faltas impositivas.
- La oposición denuncia acuerdos entre sectores del Poder Judicial y el oficialismo para atenuar la responsabilidad de funcionarios.
- Las críticas reavivan la discusión sobre la necesidad de mayor control patrimonial y fiscal de los integrantes del Gobierno.
“Cuando un fiscal pide la impunidad del poder con más entusiasmo que los propios imputados, algo se rompió”, advirtió el abogado Gregorio Dalbón al cuestionar la actuación del Ministerio Público en la causa Adorni.
Mientras se espera la definición sobre el pase del expediente al fuero Penal Económico, el caso vuelve a colocar en el centro de la escena la calidad institucional, la transparencia en la función pública y la confianza en el sistema judicial. El desenlace de la causa, y el nivel de explicación que ofrezca el exjefe de Gabinete sobre la evolución de su patrimonio, será clave para medir el impacto político de este capítulo en la relación entre el Gobierno y la oposición.
