Presupuesto 2027: fuerte disputa por el recorte en derechos para personas con discapacidad
NewsITe
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional abrió una dura polémica en el Congreso al incluir una serie de modificaciones a la ley de emergencia en Discapacidad (27.793). Dirigentes de la oposición y referentes del sector advierten que los cambios implican un retroceso en derechos adquiridos, especialmente para titulares de pensiones no contributivas y prestadores de servicios.
Uno de los puntos más sensibles es la eliminación del artículo 14 de la ley vigente, que establece un nomenclador único nacional para todas las prestaciones. Ese esquema garantiza hoy aranceles homogéneos para los servicios vinculados a la discapacidad, desde tratamientos terapéuticos hasta transporte especializado. Con la reforma incluida en el Presupuesto, cada obra social, prepaga o jurisdicción podrá fijar sus propios valores.
El vicepresidente de la Comisión de Discapacidad de Diputados, Juan Marino (Unión por la Patria), advirtió que esta modificación abre la puerta a una “presión a la baja” sobre los honorarios y fragmenta la cobertura. A través del artículo 39 del Presupuesto se reemplaza el artículo 7 bis de la ley, se elimina la actualización automática mensual de los aranceles atada a la movilidad jubilatoria y se aclara que la universalidad del sistema no garantizará homogeneidad de valores.
Alertas por pensiones, empleo y cobertura de salud
Otro aspecto cuestionado es el cambio en la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el trabajo registrado. Actualmente, la normativa permite mantener la pensión cuando la persona tiene un empleo formal o es monotributista, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos. El proyecto de Presupuesto da marcha atrás con este criterio y establece que cualquier relación laboral registrada o alta tributaria provocará la extinción del beneficio.
Marino sostuvo que esta reforma “empuja a las personas con discapacidad a la informalidad”, ya que también se elimina la posibilidad de suspensión temporaria y la rehabilitación automática de la pensión una vez finalizado el contrato laboral. En paralelo, se deroga la herramienta de estudio de costos específicos del sector, utilizada para ajustar aranceles de acuerdo con la estructura real de gastos de los prestadores y no solo con la inflación general.
El diputado mencionó como ejemplo la situación del transporte para personas con discapacidad, donde se pagan tarifas que, según indicó, ni siquiera cubren los costos de mantenimiento de los vehículos y del servicio. Sin una actualización basada en estudios de costos, los prestadores advierten que muchos programas podrían volverse inviables.
Cuestionamientos legales y acusaciones de “crueldad”
El Presupuesto también deroga el artículo 5 de la ley 27.793, que remite a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para definir quién es considerada persona con discapacidad. Críticos de la iniciativa señalan que esto otorga al Poder Ejecutivo una amplia discrecionalidad para modificar los criterios de acceso y, en consecuencia, reducir el padrón de beneficiarios.
Otro punto observado es el artículo 41 del proyecto, que elimina el artículo 8 de la ley de emergencia, el cual garantiza la cobertura de salud para titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. Dejar de reconocer la cobertura como un derecho explícito, advierten legisladores opositores, podría dificultar reclamos judiciales y administrativos por parte de las personas afectadas.
- Eliminación del nomenclador único y de la homogeneidad de aranceles.
- Fin de la actualización automática de valores según movilidad jubilatoria.
- Extinción de la pensión ante cualquier empleo registrado o monotributo.
- Derogación del estudio de costos para actualizar prestaciones.
- Cambios en la definición legal de persona con discapacidad.
- Eliminación de la garantía de cobertura de salud asociada a la pensión.
“Meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera y el principio de progresividad en derechos humanos”, sostuvo el diputado Juan Marino. Su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, acusó al Gobierno de aplicar una política de “crueldad” hacia un sector ya atravesado por la emergencia.
Mientras el oficialismo defiende el Presupuesto 2027 como parte de una reestructuración integral del gasto público, organizaciones de personas con discapacidad y prestadores se preparan para hacer oír sus reclamos en el Congreso. El debate legislativo definirá si las modificaciones prosperan o si se mantiene el esquema de protección vigente en el sistema de discapacidad.
