Un estudio revela el profundo malestar con el Poder Judicial
Un reciente relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires expuso un diagnóstico alarmante sobre la percepción ciudadana del sistema judicial argentino. De acuerdo con el estudio, realizado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 94,6% de las personas consultadas considera que los jueces son influenciados por el poder político o económico.
La investigación, basada en 1.217 casos relevados durante mayo, apunta a un clima de desconfianza estructural hacia el Poder Judicial. El 94,1% de los encuestados califica a la administración de justicia como poco o nada eficiente y el 88,3% sostiene que el sistema favorece a los sectores más ricos y poderosos. Para los autores del informe, se configura un mapa de percepciones “altamente consistentes y fuertemente negativas”.
El trabajo del OPSA también indagó sobre la evolución del desempeño judicial. El 73,8% de la población consultada cree que la justicia empeoró en los últimos años, mientras que el 55,8% pronostica que la situación será aún peor en el futuro. A esto se suma un dato especialmente sensible: el 93,6% de los entrevistados afirma que la corrupción afectó mucho o bastante su vida cotidiana, lo que demuestra que el problema se percibe como cercano y no abstracto.
Confianza mínima y rechazo transversal a la justicia
La encuesta midió además el nivel de confianza en la Justicia en una escala del 1 al 10. Entre los votantes del presidente Javier Milei, el promedio de confianza fue de 2,6 puntos, mientras que entre quienes apoyaron a Sergio Massa se ubicó en 2,4. La muestra total arrojó un nivel general de confianza de apenas 2,5, lo que confirma la magnitud del descrédito institucional.
Uno de los pocos puntos de consenso positivo aparece en torno a la forma de designación de magistrados. El 77% de las personas consultadas se mostró de acuerdo con priorizar los méritos académicos por sobre la negociación política a la hora de seleccionar jueces. Para los especialistas, este dato indica que existe una demanda social clara de mayor transparencia, profesionalismo y criterios objetivos en los procesos de nombramiento.
El estudio se organizó en seis grandes ejes de análisis: eficiencia e imparcialidad; evolución y perspectivas; corrupción e impunidad; confianza institucional; casos de actualidad, y expectativas de cambio. Según el informe, lo más significativo no es solo la intensidad del rechazo al sistema judicial, sino su transversalidad: el malestar atraviesa divisiones de género, edad, nivel educativo, orientación ideológica y comportamiento electoral, superando la tradicional “grieta” política argentina.
“La sociedad argentina expresa una desconfianza estructural hacia el sistema judicial y, por extensión, hacia el conjunto de las instituciones políticas que articulan la vida democrática”, concluye el informe del OPSA.
En este contexto, el diagnóstico académico vuelve a poner en agenda el debate sobre la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la necesidad de recuperar la credibilidad de uno de los poderes clave del Estado para el funcionamiento pleno de la democracia.
