Una mujer denunció que sufrió una lesión en un nervio del brazo derecho después de realizarse estudios de rutina. La Justicia aprobó el convenio que cerró el reclamo contra un centro de análisis clínicos, el profesional señalado y una aseguradora, sin resolver sobre las responsabilidades.
Una mujer que acudió a un centro de análisis clínicos para realizarse estudios generales y de control terminó iniciando una demanda por una lesión que, según denunció, sufrió durante la extracción de sangre. El reclamo concluyó con un acuerdo por $30 millones que homologó el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 3 de San Nicolás, sin una sentencia que determinara la responsabilidad de los demandados.
La extracción se realizó el 21 de abril de 2022, cuando la paciente tenía 32 años, por indicación de una médica clínica. En su presentación judicial, relató que después de la práctica comenzó a sentir adormecimiento en el brazo y la mano derecha y que, horas más tarde, apareció un dolor intenso en la zona de la punción.
Según sostuvo, una profesional médica le indicó calmantes y analgésicos, pero las molestias persistieron durante los días siguientes. La mujer afirmó que los episodios de dolor y adormecimiento se hicieron cada vez más prolongados y comenzaron a dificultarle tareas cotidianas y laborales para las que necesitaba utilizar el brazo y la mano afectados.
Ante la continuidad de los síntomas, le ordenaron una electromiografía computarizada. De acuerdo con la documentación médica incorporada a la demanda, el examen registró una lesión neurogénica irritativa de escasa cronicidad en el nervio mediano derecho, a la altura del tercio inferior del brazo.
La reclamante también informó que comenzó a atenderse con una especialista en neurología, recibió medicación e inició sesiones de kinesiología para recuperar el movimiento. Al presentar la demanda, señaló que seguía en rehabilitación y esperaba nuevas evaluaciones para conocer el alcance de una eventual incapacidad.
Qué reclamó y cómo se cerró la demanda
La presentación incluyó referencias a una causa penal por lesiones culposas y a una pericia médico-legal realizada en ese expediente. Según lo citado en la demanda civil, el informe consideró compatible el relato de la punción con la lesión detectada y advirtió sobre secuelas probables, cuyo tiempo de recuperación aún no podía determinarse.
La mujer reclamó una compensación por daño físico, gastos médicos y de farmacia, daño moral, consecuencias psicológicas, tratamiento y una eventual pérdida de capacidad laboral. No fijó una suma definitiva: pidió que la indemnización se estableciera a partir de las pericias destinadas a evaluar las secuelas y las consecuencias económicas que alegaba haber sufrido.
El acuerdo por $30 millones puso fin al litigio contra el establecimiento, el profesional que habría realizado la extracción y la compañía de seguros. Al homologarlo, el juzgado aprobó los términos negociados por las partes, sin pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones ni determinar si la práctica había causado la lesión denunciada.
La resolución también estableció que las costas del proceso quedaran a cargo de las partes demandadas y de la aseguradora, conforme a lo convenido. Así, el expediente civil se cerró mediante el entendimiento económico alcanzado entre quienes participaron del reclamo.
