Reforma del fuero laboral entrerriano para frenar la ola de juicios
NewsITe
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, envió a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral con el objetivo de reducir la alta litigiosidad en la provincia y brindar mayor previsibilidad a trabajadores, empleadores y aseguradoras de riesgos del trabajo.
La iniciativa surge en un contexto de fuerte incremento de demandas judiciales. De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en Entre Ríos, lo que implicó una suba del 25% respecto del año anterior. Medido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el salto de la litigiosidad llegó al 38%, el mayor entre las nueve principales jurisdicciones del país.
Frente a este escenario, la administración provincial apunta a ordenar el funcionamiento del fuero laboral, en particular el sistema de pericias médicas y el esquema de honorarios profesionales, considerados dos de los factores que más alimentan la judicialización de reclamos por accidentes y enfermedades laborales.
Creación de un cuerpo médico especializado
Uno de los ejes centrales del proyecto es la conformación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial. Este organismo estará integrado por peritos seleccionados mediante concurso público, con designaciones formales y remuneración fija.
El cambio busca que los ingresos de los especialistas dejen de estar atados al porcentaje de incapacidad determinado en cada caso o al monto de la eventual indemnización, con la intención de evitar incentivos económicos que puedan distorsionar las evaluaciones médicas. Al depender institucionalmente del Poder Judicial, se apunta además a reforzar la independencia técnica y la transparencia del sistema pericial.
Uso obligatorio del baremo nacional y cambios en honorarios
La reforma también dispone la utilización obligatoria del baremo nacional para establecer el grado de incapacidad laboral. Los peritos deberán justificar técnica y científicamente sus conclusiones, lo que permitiría unificar criterios de medición, reducir diferencias entre informes y generar fallos más predecibles.
- Aplicación obligatoria del baremo nacional de incapacidades laborales.
- Fundamentación técnica detallada de cada pericia.
- Topes y criterios objetivos para fijar los honorarios.
- Separación del cálculo de honorarios del monto reclamado o de la condena.
En cuanto a los honorarios de los peritos, dejarán de calcularse en función del monto del juicio, del porcentaje de incapacidad o de la suma finalmente reconocida. Pasarán a determinarse según la complejidad del caso, la calidad del trabajo realizado y su utilidad para la resolución del conflicto, con un límite máximo previsto por la normativa.
Acceso a la doble instancia y respaldo de las aseguradoras
Otro punto relevante del proyecto es la eliminación de la obligación de que el empleador deposite por adelantado el monto de la condena, los intereses y las costas —o presente bienes suficientes para embargo— como condición para apelar una sentencia laboral.
Con esta modificación, el Gobierno entrerriano afirma que se busca garantizar efectivamente el derecho a una segunda instancia judicial, sin suprimir las medidas cautelares que resguardan el eventual cobro de lo que determine la Justicia. De este modo, se intenta equilibrar el acceso a la revisión de los fallos con la protección de los derechos del trabajador.
Desde la UART calificaron la iniciativa como “un primer paso concreto y necesario” frente al incremento de la litigiosidad laboral en Entre Ríos, y destacaron que la creación de un cuerpo médico especializado y la aplicación uniforme del baremo nacional podrían bajar el nivel de conflictividad.
En la Casa de Gobierno provincial señalan que la reforma apunta a dotar al sistema laboral de reglas claras y previsibles, con pericias más homogéneas y honorarios acotados a criterios objetivos. El oficialismo confía en que, de aprobarse el proyecto, se reducirá el incentivo a la judicialización, se acortarán los tiempos de resolución de los juicios y se generará un marco más estable tanto para quienes trabajan como para quienes invierten y aseguran riesgos en Entre Ríos.
