Caso de acoso y suicidios sacude a la oficina del primer ministro francés
La oficina del primer ministro de Francia quedó en el centro de una grave polémica institucional tras una denuncia presentada ante la Fiscalía de París por acoso moral y puesta en peligro de la vida de una persona. El caso, revelado por medios franceses como France Inter y retomado por la agencia AFP, expone un cuadro de presunto maltrato laboral que estaría vinculado con al menos dos suicidios consumados, un intento de suicidio y una muerte calificada como sospechosa dentro de las dependencias oficiales.
La denuncia fue impulsada por un representante del personal de la oficina del primer ministro y tiene como principal víctima a una funcionaria del Servicio de Correspondencia del Primer Ministro (SCPM). Según el escrito, la trabajadora habría sufrido un progresivo retiro de responsabilidades, humillaciones públicas, comentarios despectivos y un aislamiento creciente que incluyó su traslado a una oficina ubicada en el sótano del edificio, situación que habría impactado seriamente en su salud física y mental.
De acuerdo al relato de su abogada, Christelle Mazza, el deterioro llegó a un punto crítico en abril, cuando la mujer fue hospitalizada luego de intentar quitarse la vida arrojándose debajo de un tren. Un usuario intervino a tiempo y logró impedir la tragedia. Para la representación legal, este episodio no puede desvincularse del clima de “sufrimiento laboral” y de la presunta falta de protección por parte del empleador.
En el mismo contexto se inscribe el caso de un empleado de un servicio adyacente, la Secretaría General del Gobierno (SGG), que el 26 de marzo se arrojó a las vías del tren. En la denuncia se sostiene que ese hecho también se produjo en un marco de malestar laboral reconocido y que las autoridades habrían incumplido su obligación de prevenir y actuar frente a señales de riesgo psicosocial.
Investigación judicial y fuerte señal de alarma institucional
Tras la presentación, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar y delegó las actuaciones en la brigada de represión de delitos contra las personas. Hasta el momento, la Presidencia del Gobierno francés evitó brindar respuestas públicas, mientras que el escrito apunta directamente a cuatro personas señaladas como responsables de los hechos y describe la existencia de un presunto “acoso moral institucional” en el ámbito de los Servicios del Primer Ministro.
Estos servicios reúnen alrededor de medio centenar de administraciones y organismos de distinto rango —secretarías generales, direcciones, misiones y autoridades administrativas independientes— bajo la autoridad directa del jefe de gobierno, actualmente Sébastien Lecornu. Su rol es clave en la coordinación de la acción gubernamental, por lo que el impacto político y simbólico del caso es especialmente sensible.
Según la abogada Mazza, los Servicios del Primer Ministro atraviesan una “profunda desestabilización” desde la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024 y la rápida sucesión de primeros ministros y gabinetes. En ese marco de inestabilidad política, la situación del personal administrativo habría comenzado a deteriorarse de forma marcada desde el otoño europeo de 2024, con mayores tensiones, sobrecarga y conflictos internos.
- Dos suicidios consumados vinculados al ámbito laboral, según la denuncia.
- Un intento de suicidio y una muerte sospechosa dentro de las instalaciones oficiales.
- Acusaciones de acoso moral, humillaciones públicas y aislamiento de personal.
- Investigación preliminar abierta por la Fiscalía de París.
“De los elementos del expediente se desprende que los Servicios del Primer Ministro se encuentran profundamente desestabilizados”, señala la abogada Christelle Mazza en la carta que acompaña la denuncia.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de trabajo dentro de la administración pública francesa y reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado como empleador en la prevención del estrés crónico, el acoso y otros factores de riesgo para la salud mental. La evolución de la investigación judicial será clave para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas en uno de los escándalos laborales más delicados que enfrenta hoy el gobierno galo.
