Foro Penal confirma nuevas liberaciones de presos políticos
NewsITe
La ONG Foro Penal, organización de referencia en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, confirmó al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en las últimas horas, en el marco del proceso de revisión de causas judiciales anunciado el 8 de enero por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
De acuerdo con información conocida por Noticias Argentinas a partir de cables de la agencia EFE, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló a través de la red social X que los equipos de la entidad se encuentran verificando las liberaciones “en todo el país” y anticipó que podrían producirse más excarcelaciones a lo largo de la jornada.
Estas medidas se inscriben en un contexto de fuerte presión interna e internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por organismos multilaterales y organizaciones civiles de utilizar el sistema judicial para perseguir a opositores, activistas y periodistas. El proceso de revisión de causas es leído, en ese marco, como un intento de descomprimir la tensión política y mostrar gestos de apertura ante la comunidad internacional.
Liberaciones emblemáticas en el nuevo listado
Entre los casos más destacados figura el del abogado Kenny Tejeda Jiménez, voluntario de Foro Penal, quien había sido detenido el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo mientras brindaba asistencia legal a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según relató el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, se trató de una detención arbitraria en el marco de su labor profesional.
Tejeda fue imputado por los delitos de “terrorismo” e “incitación al odio” y permanecía recluido en la cárcel de Tocorón, uno de los penales más emblemáticos y cuestionados del país por sus condiciones de detención. Su salida en libertad se interpreta como un gesto simbólico hacia las organizaciones de derechos humanos que vienen denunciando la criminalización de la defensa legal de detenidos por motivos políticos.
Otro caso relevante es el del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó su excarcelación, luego de que una corte de apelaciones anulara una condena previa de 15 años de prisión. Su situación había sido señalada por distintos colectivos de prensa como un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan los comunicadores en Venezuela.
Disputa de cifras y contexto político
La cantidad total de liberados sigue siendo motivo de controversia. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó el viernes que ya se habían concretado 626 excarcelaciones en el marco del proceso de revisión de causas. Sin embargo, los registros independientes muestran números sensiblemente menores.
Hasta el viernes, Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones —sin contemplar las al menos 80 conocidas este domingo—, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, contabilizaba 173 liberaciones hasta el sábado. La diferencia en las cifras refleja la falta de información oficial detallada y la dificultad de monitorear cada caso en un sistema judicial fuertemente cuestionado.
La mayoría de estas detenciones se originaron tras la crisis postelectoral de julio de 2024, cuando la oposición denunció fraude en la reelección de Nicolás Maduro. Desde entonces, organizaciones nacionales e internacionales han reclamado la liberación de todos los presos considerados de conciencia y la garantía de un debido proceso, en el marco de un clima político marcado por la desconfianza y la polarización.
“Estamos verificando las excarcelaciones en todo el país y es probable que se produzcan más durante el día”, señaló Alfredo Romero, director de Foro Penal, al referirse al nuevo grupo de liberados.
Aunque los nuevos movimientos ofrecen algo de alivio para las familias de los detenidos, las ONG advierten que las liberaciones parciales no resuelven el problema de fondo: la persistencia de detenciones arbitrarias, procesos opacos y uso político de la Justicia. En ese sentido, insisten en la necesidad de un seguimiento permanente y de compromisos verificables por parte del gobierno venezolano.
