La fiscalía Claudio Navas Rial solicitó incorporar nuevos elementos a la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino y a parte de su conducción por presuntas maniobras vinculadas al uso de proveedores cuestionados y evasión tributaria. El planteo se apoya en una denuncia presentada por ARCA y alcanza también a la entidad como persona jurídica.
El fiscal Claudio Navas Rial presentó este martes un pedido para ampliar la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios de sus directivos en el marco de una causa por presuntas irregularidades tributarias vinculadas al uso de facturación apócrifa.
La solicitud fue incorporada al expediente que tramita ante el juez en lo penal económico Diego Amarante y se apoya en una nueva denuncia presentada por Vanina Vidal, jefa de la Sección Penal de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes de ARCA.
Según el escrito presentado por el organismo recaudador, la AFA habría utilizado proveedores presuntamente apócrifos para encubrir el destino final de fondos alcanzados por el impuesto a las Salidas No Documentadas durante operaciones realizadas entre 2024 y 2025.
De acuerdo con la denuncia, la base imponible observada supera los 916 millones de pesos, mientras que el ajuste estimado a favor del fisco —incluyendo intereses y multas— excede los 320 millones.
La hipótesis fiscal y los proveedores cuestionados
Navas Rial sostuvo que existen elementos suficientes para profundizar la investigación por presunta evasión agravada en los términos del Régimen Penal Tributario.
El fiscal también evaluó que las maniobras analizadas, por su reiteración y continuidad temporal, podrían encuadrarse en la figura de una eventual “asociación ilícita fiscal”. Esa hipótesis se sumaría a cargos previos por presunta retención indebida de aportes y obligaciones de la seguridad social, por los cuales varios dirigentes ya se encuentran procesados.
Entre las observaciones incorporadas al expediente aparecen 24 proveedores cuestionados. Según la fiscalía y la denuncia de ARCA, se trata de sociedades con domicilios presuntamente falsos, sin estructura operativa visible, inconsistencias bancarias y movimientos comerciales considerados irregulares.
Uno de los casos mencionados corresponde a Central Hotel SRL, firma que habría facturado 9,6 millones de pesos por supuestas obras en el predio de Ezeiza. De acuerdo con la investigación, la empresa posee actividad vinculada al rubro hotelero y los cheques emitidos terminaron asociados a operaciones ganaderas.
Otro ejemplo señalado es Capadoccia SRL, que habría emitido facturas por más de 56 millones de pesos por refacciones y materiales. Según consta en el expediente, ARCA no logró localizar a la firma en los domicilios declarados y una de las socias manifestó no conocer la empresa.
También figura Prussian Blue SRL, que habría facturado casi 19,2 millones de pesos por servicios digitales y actualización de software. Según declaraciones incorporadas a la investigación, existirían dudas respecto de la capacidad operativa y técnica de la sociedad para prestar esos servicios.
Para la fiscalía, el análisis conjunto de estas operaciones exhibe un patrón reiterado. En el dictamen, Navas Rial afirmó: “La convergencia de los elementos señalados configura un cuadro robusto que permite tener por acreditado que las operaciones carecen de sustento económico real”.
Directivos alcanzados y situación de la causa
La ampliación solicitada apunta a autoridades de la AFA, entre ellas Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, además de la propia entidad como persona jurídica.
La investigación se suma a otros capítulos judiciales que ya involucran a dirigentes de la conducción del fútbol argentino y que permanecen bajo revisión ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
En ese contexto, Tapia mantiene restricciones vinculadas a salidas del país, aunque el juez Amarante autorizó recientemente nuevos viajes internacionales bajo control judicial y con permiso previo.
La resolución habilitó desplazamientos entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 con destino a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá. En su decisión, el magistrado sostuvo que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional” y valoró el cumplimiento previo de las condiciones impuestas en autorizaciones anteriores.
