El reclamo de justicia que persiste tres décadas después
NewsITe
El fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA (UFI-AMIA), Sebastián Basso, remarcó que, a 30 años del ataque terrorista contra la mutual judía en Buenos Aires, “el pueblo argentino está esperando una verdad judicial”. Sus declaraciones se dieron en una entrevista radial, en la que analizó el estado de la causa y el reciente pedido de procesamiento y captura internacional de un jerarca iraní vinculado a la investigación.
Basso recordó que el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y centenares de heridos, continúa impune en términos de condenas firmes, a pesar de las múltiples líneas de investigación abiertas a lo largo de estas tres décadas. En ese marco, sostuvo que la sociedad argentina, y en especial los familiares de las víctimas, reclaman avances concretos en el plano judicial que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
En la entrevista, el fiscal explicó que el reciente pedido de procesamiento se dirige contra un alto funcionario del régimen iraní, señalado como uno de los presuntos partícipes en la planificación del ataque. La solicitud de captura internacional apunta a que el acusado pueda ser detenido en el exterior y puesto a disposición de la Justicia argentina, en línea con los reclamos históricos de distintas organizaciones de derechos humanos y entidades de la comunidad judía.
La causa AMIA ha atravesado numerosos cambios de jueces y fiscales, denuncias cruzadas, cuestionamientos políticos y controversias diplomáticas, en especial con la República Islámica de Irán. Distintos informes judiciales y de organismos de seguridad sostienen desde hace años la hipótesis de participación de funcionarios iraníes y del grupo libanés Hezbollah, aunque hasta el momento no se pudo avanzar hacia un juicio con todos los imputados presentes.
Treinta años de demoras y reclamos de justicia
Basso subrayó que uno de los mayores desafíos sigue siendo la cooperación internacional. Sin la colaboración de otros Estados y de los organismos multilaterales, el cumplimiento efectivo de las órdenes de captura se vuelve muy difícil. En ese sentido, insistió en la importancia de que la comunidad internacional mantenga vigentes las alertas rojas y colabore con los pedidos de la Justicia argentina.
Además, el fiscal remarcó que, más allá de las discusiones políticas sobre el abordaje del caso, la prioridad debe ser esclarecer los hechos y ofrecer certezas a las víctimas. Afirmó que el atentado a la AMIA no sólo fue un ataque contra la comunidad judía, sino contra toda la sociedad argentina y sus instituciones democráticas.
- El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633, Ciudad de Buenos Aires.
- Murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
- La investigación judicial ha señalado como sospechosos a exfuncionarios iraníes y a miembros de Hezbollah.
- La causa es uno de los expedientes más extensos y complejos de la Justicia federal argentina.
“El pueblo argentino está esperando una verdad judicial”, reiteró Basso, al plantear que la respuesta del sistema judicial debe estar a la altura de la gravedad institucional del atentado.
Mientras se esperan definiciones sobre el nuevo pedido de procesamiento y las eventuales medidas internacionales que puedan adoptarse, la causa AMIA continúa siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país. La expectativa de los familiares y de amplios sectores de la sociedad es que, a tres décadas del ataque, la Justicia avance de manera efectiva hacia el esclarecimiento definitivo de uno de los hechos más graves de la historia reciente argentina.
