La Justicia abre una ventana al Gobierno en la disputa por fondos universitarios
NewsITe
La tensión por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso al Gobierno nacional para que se revise la medida cautelar que exige actualizar los fondos destinados al sistema universitario, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa diaria que le impuso un juez por incumplir la normativa vigente.
La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara, que hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra una resolución del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo de Martín Cormick. Ese juzgado había intimado al Estado a cumplir, en el plazo de cinco días, con la actualización de los fondos universitarios prevista en la ley de financiamiento, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
El Gobierno planteó que el fallo de primera instancia no precisó de manera concreta qué obligaciones legales se consideraban incumplidas ni cuáles eran los montos que debían efectivizarse para dar por satisfecha la medida. Además, sostuvo que los aumentos salariales otorgados a docentes y no docentes universitarios estarían cubriendo la actualización prevista en la normativa cuestionada.
En su presentación, el Ministerio de Capital Humano advirtió que la decisión del juez Cormick generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”, al imponer obligaciones y eventuales multas sin una determinación clara de los parámetros a cumplir. Los camaristas coincidieron en que la resolución de primera instancia podía ocasionar un “gravamen irreparable” al Estado nacional, por lo que resolvieron habilitar la vía recursiva y revisar el alcance de la cautelar.
La multa a Santilli y la presión de las universidades
En paralelo a este guiño judicial al Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un recurso para apelar la multa de 100.000 pesos diarios que le impuso el juez Cormick por considerar incumplida la actualización salarial del personal universitario. El funcionario pidió que se suspenda la ejecución de esas sanciones hasta que se resuelva de manera definitiva la apelación sobre el fondo del conflicto.
En su escrito, Santilli cuestionó la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad”, al tiempo que advirtió que el mantenimiento de las astreintes –tal como se conoce técnicamente a este tipo de multas coercitivas– podría derivar en “consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.
Del otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas del país, reclamó que la Justicia no solo mantenga la sanción, sino que la incremente. La representación académica consideró que el monto fijado para Santilli es “más que exiguo en comparación con los importes en juego” y que, en los hechos, no constituye un incentivo suficiente para forzar el cumplimiento de la orden judicial.
- La Cámara habilitó la revisión de la cautelar sobre financiamiento universitario.
- El Gobierno sostiene que ya actualizó salarios y que la orden judicial es imprecisa.
- Santilli apeló la multa de $100.000 diarios y pidió suspender su ejecución.
- El Consejo Interuniversitario Nacional exige que la Justicia eleve el valor de la sanción.
“La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional en su presentación judicial.
El conflicto se da en un contexto de fuerte reclamo del sistema universitario por la actualización de los presupuestos y el sostenimiento del funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, que denuncian pérdida de poder adquisitivo y dificultades para afrontar gastos básicos. La definición de la Justicia sobre la validez de la cautelar y el alcance de las multas personales a funcionarios será clave para el futuro inmediato del financiamiento universitario y para la relación entre el Gobierno nacional y el sistema público de educación superior.
