La investigación por el fentanilo contaminado expone un entramado de fallas, sospechas y responsabilidades que comprometen a laboratorios, organismos de control y dirigentes políticos. El “Cromañón sanitario”, como ya se lo denomina, genera interrogantes en torno a las figuras del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y el ex diputado provincial Andrés Quinteros, promotores de la radicación de la cuestionada empresa Laboratorios Ramallo en el parque industrial Comirsa.
El 7 de mayo de 2025, un sanatorio privado de La Plata notificó un brote de infecciones graves en el sector de terapia intensiva. Los pacientes presentaron bacteriemias y sepsis por Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias multirresistentes. La pesquisa interna halló las mismas bacterias en ampollas de fentanilo aplicadas en esos tratamientos. El Ministerio de Salud y el ANLIS-Malbrán emitieron alertas. A partir de ese hecho, ANMAT recomendó suspender el uso del lote sospechado de fentanilo.
Inicio del brote y primeras medidas
El 13 de mayo, ANMAT prohibió el lote “Fentanilo HLB 0,05 mg/ml”, suspendió preventivamente las actividades de HLB Pharma y de Laboratorio Ramallo e inició el retiro de los productos. La investigación sanitaria y judicial avanzó con dos objetivos claros: confirmar la fuente exacta de la contaminación y reconstruir la trazabilidad de las ampollas. Se priorizó la contención del brote y la notificación a establecimientos de salud de todo el país.
El fentanilo es un opioide sintético de uso hospitalario. Su potencia es entre 50 y 100 veces mayor que la de la morfina. Se utiliza en anestesia y para dolor intenso bajo estrictos protocolos. En esta tragedia, el problema no fue la sobredosis, sino de carácter infeccioso: soluciones inyectables contaminadas con bacterias que, al ingresar al torrente sanguíneo, desencadenaron sepsis, neumonías y otras complicaciones graves.
Las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de estas bacterias tanto en pacientes como en ampollas. Su distribución previa había sido amplísima: se estima que circularon más de 300.000 ampollas, con aplicación de alrededor de 45.000 antes del retiro. Es por eso que las cifras de fallecidos continúan aumentando, semana tras semana. Las provincias alcanzadas incluyeron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al 15 de agosto de 2025, el saldo es de 87 muertes confirmadas y otras 9 en investigación, con un posible total de 96 víctimas. La Justicia informó que las ampollas contaminadas ya no están en circulación.
Irregularidades previas y alcance del problema
La pista llevó con rapidez a HLB Pharma y a Laboratorio Ramallo S.A, radicado en el Parque Industrial COMIRSA y en su momento promocionado por el intendente de Ramallo, Mauro Poletti. Los inspectores constataron allí la fabricación en ampollas plásticas —un envase primario no autorizado— y en áreas no habilitadas. Se dispuso etonces la inmovilización de lotes, pero la empresa liberó productos al mercado pese a esa medida. Esos hallazgos marcaron un patrón de incumplimientos previos al brote.
Además del fentanilo, se identificaron otros productos elaborados en envases plásticos no autorizados. Entre ellos, lidocaína 1% y 2% (con y sin epinefrina), diclofenac, dexametasona, agua destilada, suero fisiológico y solución hipertónica de cloruro de sodio. También se mencionaron propofol y dopamina con problemas de legitimidad y registro. Hubo retiros previos por irregularidades en morfina 1% y en diclofenac. Esto, cabe destacar, no equivale a decir que todos estuvieran contaminados, pero sí muestra desvíos de buenas prácticas y controles deficientes.
El avance de la investigación, que necesitó una reconstrucción completa, resultó difícil desde un inicio por la debilidad del sistema nacional de trazabilidad. Aun así, se pudo delimitar la cadena de elaboración, empaque y distribución. Se ordenaron allanamientos y medidas sobre documentación técnica y registros de calidad. Asimismo, se reforzó la vigilancia en terapias intensivas y farmacias hospitalarias para detectar y aislar cualquier remanente.
Causa judicial, acusaciones y responsables señalados
La causa se tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Investiga homicidios y lesiones por medicación contaminada, desobediencia a medidas regulatorias y posibles delitos sanitarios y comerciales. A la fecha, 24 personas figuran como sospechosas. La Justicia dispuso inhibición de bienes y prohibición de salida del país. Los señalados incluyen directivos de HLB Pharma y de Laboratorio Ramallo, además de profesionales vinculados a la producción y a la distribución.
En este marco, el propietario de HLB, Ariel García Furfaro, no solo negó que el fentanilo de su laboratorio haya provocado muertes, sino que habló de una maniobra intencional y de un posible sabotaje. En declaraciones públicas, apuntó directamente al dirigente nicoleño Andrés Quinteros, expresidente del Concejo Deliberante de San Nicolás y exdiputado provincial del peronismo/kirchnerismo bonaerense (2013-2017), a quien acusó de haber sido CEO del grupo HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y de querer perjudicarlo.
Furfaro ya presentó una denuncia formal contra Quinteros ante el juez Kreplak, señalando que se trata de una persona que en el pasado fue de su confianza, pero a la que hoy responsabiliza de parte de los hechos que se investigan.
Impacto político y panorama actual
El caso sumó fricción política. El Gobierno nacional anunció que evaluaba recusar al juez Kreplak por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y reclamó la detención del propietario de HLB. El magistrado pidió no politizar el expediente y defendió la independencia judicial. Provincias y municipios —entre ellos Santa Fe y Rosario— se constituyeron como querellantes, buscando impulsar medidas de prueba y garantizar la representación de las víctimas.
En el plano regional, las derivaciones alcanzan al municipio de Ramallo, distrito donde opera el principal laboratorio involucrado. Allí, el intendente Mauro Poletti ha sido mencionado en el marco del debate político y social que genera el caso, tanto por su posición institucional como por la presión que recibe para dar explicaciones y articular acciones con la Justicia y la provincia.
La noche de hoy, el ministro de Salud de la Nación —también cuestionado por sectores políticos y legislativos opositores— brindará declaraciones televisivas sobre el caso. Concretamente, en las últimas horas, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, sostuvo que “queda claro que la responsabilidad es toda de este Gobierno”. Remarcó que la producción irregular se realizó durante la actual gestión y que las inspecciones con resultados adversos, registradas entre septiembre y noviembre de 2024, también corresponden a este período.
El panorama, hasta ahora, es claro en varios puntos clave, a saber: las ampollas contaminadas ya no circulan. Las empresas investigadas continúan inhabilitadas. Los 24 sospechosos mantienen medidas restrictivas. No obstante, persisten tres incógnitas clave. Primero, el punto exacto y las condiciones en las que se produjo la contaminación durante el proceso productivo. Segundo, la atribución de responsabilidades penales y administrativas a cada eslabón de la cadena, desde la fabricación hasta la liberación y distribución. Tercero, la eventual derivación de fentanilo a usos ilícitos.
La resolución de estas preguntas ordenará el cierre judicial y sanitario de la mayor tragedia hospitalaria reciente del país.
