Investigan el rol del Estado en la tragedia por fentanilo adulterado
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La Fiscalía Federal N°1 de La Plata avanza en una causa que ya se perfila como una de las peores crisis sanitarias de la historia reciente del país. De acuerdo con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, existió un “manto de cobertura estatal” que permitió a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. continuar produciendo fentanilo en condiciones catalogadas como “pésimas”, lo que derivó en la muerte de unas 90 personas y dejó a más de 40 con graves lesiones.
Los establecimientos, controlados por el grupo familiar de los hermanos García y vinculados al empresario Ariel García Furfaro —actualmente detenido y procesado— registraban, según los fiscales María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez, un extenso historial de incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Pese a ese cuadro, siguieron operando bajo la órbita de los organismos de control nacionales.
En los últimos días, la investigación se concentró en la eventual responsabilidad de exfuncionarias clave: la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y la ex jefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumado. Ambas fueron detenidas y luego excarceladas, pero continúan imputadas mientras la Justicia analiza su rol en la cadena de decisiones que habría permitido la circulación del fentanilo contaminado.
Irregularidades, alertas y falta de acciones preventivas
De acuerdo con el planteo fiscal, está acreditado que las exfuncionarias conocían el “escenario de riesgo elevado” que representaban las condiciones de producción en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. En ese contexto, los fiscales sostienen que debieron haber activado medidas urgentes para prevenir la circulación de los lotes cuestionados, pero no lo hicieron con la celeridad y contundencia necesarias.
El expediente da cuenta de un historial de desvíos de calidad y deficiencias detectadas por el INAME, especialmente durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024. En ese operativo se identificaron irregularidades estructurales, fallas en los procesos de elaboración y debilidades en los sistemas de control y aseguramiento de calidad, pese a lo cual la producción no fue frenada de inmediato.
Entre los productos que continuaron en circulación se encuentran los lotes N°31.202 y N°31.244 de fentanilo, luego identificados como contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica. Según la fiscalía, esa falta de medidas preventivas eficaces fue determinante para que el medicamento adulterado llegara a pacientes y terminara ocasionando un saldo de casi cien fallecidos.
Chats, documentos y el foco en los organismos de control
La participación de ANMAT e INAME salió a la luz a partir del análisis de conversaciones privadas entre Bisio y Mantecón Fumado, así como de documentación oficial y actuaciones administrativas internas. Esos elementos habrían permitido reconstruir cómo se gestionaron las advertencias, inspecciones y decisiones regulatorias mientras se agravaba el riesgo sanitario.
- Demoras en la emisión de la carta de advertencia que prohibía la producción en Laboratorios Ramallo.
- Ausencia de medidas contundentes sobre los medicamentos ya distribuidos por HLB Pharma Group.
- Conocimiento previo de desvíos de calidad y fallas en las condiciones de elaboración.
“La falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a más de 40”, advirtieron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Mientras la causa avanza y se profundizan las responsabilidades penales, la investigación vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de control de medicamentos en la Argentina y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.
