Condenas ejemplificadoras por el femicidio de Lucía Carpanetto
NewsITe
La Justicia santafesina condenó a penas de 15, 28 y 32 años de prisión a tres personas acusadas por el femicidio por encargo de Lucía Carpanetto, la joven de 21 años asesinada de un disparo en la cabeza a fines de 2022 en la ciudad de Santa Fe. El fallo homologó un acuerdo de juicio abreviado que dio por probado que existió un plan criminal, organizado desde una cárcel y a cambio de dinero.
Los jueces Pablo Pinto, Ana Julia Milicic y Carlos Leiva validaron el acuerdo presentado por la fiscal Laura Riccardo y aceptado por las defensas de los imputados. De acuerdo con la investigación, el femicidio fue ideado y coordinado desde la unidad penitenciaria de Piñero, donde se encontraba alojado uno de los condenados, quien utilizaba un teléfono celular dentro del penal.
Los sentenciados son Valentín Rodríguez, señalado como el autor material; Darío Varela, considerado el instigador que dio la orden desde la cárcel; y su hermana, Silvina Ailén Varela, calificada como partícipe primaria. Según la causa, hubo un pago de 150 mil pesos para ejecutar el crimen, lo que configura un femicidio por encargo, modalidad que vuelve a poner en debate la violencia extrema contra las mujeres en el país.
Un plan criminal gestado desde la cárcel
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el conflicto se originó en una disputa personal entre Silvina Varela y Lucía Carpanetto, quien había sido pareja del hombre con el que Silvina mantenía una relación. A partir de esa situación, Silvina se comunicó con su hermano Darío, preso en la cárcel de Piñero, y comenzó a gestarse el plan para matar a la joven.
Las pruebas muestran que el 4 de diciembre de 2022 Silvina informó a Darío sobre el conflicto con Lucía y le envió datos para identificarla. Desde el penal, Darío habría coordinado con Rodríguez los detalles del ataque y el pago del “trabajo”, estimado en 150 mil pesos. La pesquisa también determinó que se borraron mensajes del teléfono de Silvina, aunque pericias posteriores permitieron reconstruir buena parte de esas comunicaciones.
Según la acusación, el plan consistió en armar una falsa cita sexual para atraer a Lucía hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de la calle Muñoz al 700, en el barrio Roque Sáenz Peña, en la ciudad de Santa Fe. Una vez que la víctima llegó al lugar, Rodríguez le disparó en la cabeza con un arma de fuego, provocándole la muerte en el acto. Luego se apoderó de su teléfono celular y eliminó contenido que podía comprometerlo a él y a otras personas.
Las penas y la calificación del femicidio
Por su rol como instigador del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Darío Varela recibió una pena de 28 años de prisión. Esa condena se unificó con una sentencia previa de seis años dictada en marzo de 2023 por otra causa, lo que elevó su castigo total.
Su hermana, Silvina Ailén Varela, fue condenada a 15 años de prisión como partícipe primaria. La Justicia la consideró pieza clave en la planificación del asesinato, al aportar información sobre la víctima y facilitar el contacto con su hermano para coordinar el ataque.
En tanto, Valentín Rodríguez fue quien recibió la condena más alta: 32 años de prisión efectiva como autor del homicidio de Lucía Carpanetto y por la tenencia o portación ilegal de un arma de guerra. Fue detenido en 2023 y desde entonces quedó señalado como el ejecutor del crimen a cambio del pago acordado.
- Crimen planificado desde la cárcel de Piñero.
- Pago de 150 mil pesos por el asesinato.
- Falsa cita sexual para emboscar a la víctima.
- Condenas de 15, 28 y 32 años de prisión efectiva.
El caso vuelve a exponer la gravedad de los femicidios por encargo y la necesidad de reforzar los controles sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, así como de profundizar las políticas públicas para prevenir la violencia de género.
Con el cierre judicial de la causa, el femicidio de Lucía Carpanetto se suma a una larga lista de crímenes de mujeres en la Argentina que interpelan a todo el sistema institucional. Organismos de derechos humanos y colectivos feministas insisten en que, además de las condenas penales, se requieren políticas integrales para detectar a tiempo las situaciones de violencia y evitar que los conflictos vinculares escalen hasta la muerte.
