Investigan fallas en la custodia policial a una víctima de violencia de género
El caso por el femicidio de Natalia Cruz, ocurrido en febrero de este año en la provincia de Salta, sumó un nuevo capítulo judicial con la imputación de diez efectivos de la Policía provincial. Están acusados por presuntas irregularidades en el cumplimiento de medidas de protección ordenadas por la Justicia y por la presunta confección de un informe falso sobre la custodia dispuesta para la víctima.
La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, informó que durante la investigación principal se detectaron indicios de graves fallas en el accionar del personal de la Comisaría Nº 7 de Campo Quijano. A raíz de ello, se abrió una pesquisa paralela para revisar el desempeño de los efectivos a cargo de las consignas de protección para mujeres víctimas de violencia de género.
La Procuración General resolvió conformar una Unidad Fiscal integrada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos, con el objetivo de profundizar el análisis sobre el funcionamiento institucional de la comisaría y el eventual incumplimiento de órdenes judiciales. Con los elementos reunidos, se formalizó la investigación penal preparatoria y se citó a audiencia de imputación a diez policías.
Fallas en la custodia y presunto informe falso
De acuerdo con la investigación, Natalia Cruz contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección, debido a episodios reiterados de violencia de género ejercidos por su ex pareja. Sin embargo, esa custodia no se habría implementado, pese a que el personal tenía conocimiento formal de la disposición judicial.
La Fiscalía sostiene además que, tras el hecho, se habría confeccionado e incorporado un informe policial con datos presuntamente falsos, en el que se dejó constancia de un supuesto intento de cumplimiento de la medida de seguridad. Ese documento es hoy una de las piezas centrales de la acusación por falsedad ideológica.
Las imputaciones abarcan también supuestas irregularidades en el funcionamiento general de la Comisaría Nº 7 durante enero y febrero de 2026, en relación con el control y ejecución de otras consignas policiales ordenadas por la Justicia en causas de violencia familiar y de género. La pesquisa apunta a deficiencias en la organización interna, la supervisión jerárquica y el registro del cumplimiento de esas medidas.
Quiénes son los policías imputados y qué delitos se investigan
- El jefe de la dependencia y un jefe de Guardia fueron imputados como autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
- Se les atribuye haber promovido y dispuesto la confección del informe presuntamente falso y no haber garantizado la efectiva implementación de la custodia ordenada a favor de la víctima.
- Otros dos efectivos, un suboficial y un oficial, fueron imputados como autores del delito de falsedad ideológica: el primero por haber redactado y firmado el informe cuestionado, y el segundo por transmitir la orden de confeccionarlo e intervenir en su elaboración.
- Cuatro policías mujeres y un efectivo varón que prestaban servicio en la dependencia fueron acusados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la imputación fiscal, estos últimos habrían omitido adoptar medidas concretas para hacer efectiva la consigna policial o, en su defecto, informar a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplirla, a pesar del riesgo que corría la víctima.
En la causa principal por el femicidio están acusados Daniel Orlando Serapio, ex pareja de Natalia Cruz, detenido con prisión preventiva desde marzo, y otras dos personas señaladas por encubrimiento agravado, sospechadas de haber colaborado en la fuga del principal imputado. Serapio enfrenta cargos por homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, además de desobediencia judicial, lo que podría derivar en una pena de prisión perpetua.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la respuesta estatal frente a las denuncias de violencia de género y el rol clave de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento estricto de las medidas de protección dictadas por los tribunales, consideradas herramientas esenciales para prevenir nuevos femicidios en todo el país.
