La entidad advirtió que una mayor apertura a capitales extranjeros podría elevar el valor de los campos y profundizar la concentración productiva. También reclamó financiamiento a largo plazo para favorecer el arraigo de las familias rurales.
La reforma de la Ley de Tierras volvió a generar cuestionamientos entre las entidades que representan a los pequeños y medianos productores. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) advirtieron que la flexibilización de las restricciones para la compra de campos por parte de capitales extranjeros podría dificultar todavía más el acceso a la propiedad rural.
Claudio Angeleri, vicepresidente segundo de la entidad, sostuvo que la iniciativa representa un “retroceso histórico” y recordó que la discusión sobre el acceso a la tierra forma parte de los reclamos que dieron origen a la Federación Agraria, a partir del conflicto agrario de 1912. “Volvemos a foja cero”, afirmó el dirigente al referirse al actual debate sobre la legislación que regula la propiedad de tierras rurales.
Según explicó, una apertura más amplia a capitales extranjeros podría generar una mayor demanda sobre el mercado inmobiliario rural y, como consecuencia, un incremento en el valor de los campos. Desde la perspectiva de la FAA, ese escenario terminaría perjudicando especialmente a los productores de menor escala que buscan acceder a una parcela para desarrollar su actividad.
“Si hay mucha demanda, el impacto va a ser positivo en cuanto a aumentar el valor de la tierra, y negativo para los agricultores que deseen tener un pedazo de campo”, sostuvo Angeleri.
El acceso a la tierra y el arraigo rural
La preocupación de la Federación Agraria no se limita al precio de los campos. La entidad vincula el debate con otro problema que afecta a numerosas comunidades del interior: la pérdida de población y la concentración de la actividad productiva.
Angeleri señaló que una parte importante de los establecimientos agrícolas trabaja bajo arrendamiento y consideró que esta situación debilita las posibilidades de arraigo de las familias rurales.
Frente a ese escenario, la organización plantea la necesidad de implementar políticas que permitan a los productores acceder a la propiedad de la tierra y que, al mismo tiempo, generen condiciones para que las nuevas generaciones puedan permanecer o regresar a las localidades del interior.
En ese sentido, la FAA reclamó programas de financiamiento a largo plazo que permitan a los productores que trabajan la tierra convertirse en propietarios.
“La política tiene que asegurar primero el acceso del productor a la tierra, acompañarlo con medidas que generen arraigo y ofrecer condiciones financieras a largo plazo”, planteó el dirigente.
Una posición propia dentro de la Mesa de Enlace
Angeleri también se refirió a las distintas posturas que existen entre las entidades que integran la Mesa de Enlace respecto de la reforma. Aunque reconoció que pueden existir diferencias de criterio, remarcó que cada organización mantiene su propia visión sobre las políticas para el sector y que esas posiciones son respetadas dentro del espacio de representación gremial.
La Federación Agraria, que históricamente representa principalmente a pequeños y medianos productores, sostiene así una postura crítica frente a una liberalización de la compra de tierras rurales y reclama que cualquier modificación de la normativa contemple mecanismos que favorezcan el acceso a la propiedad y el arraigo en el interior del país.
También cuestionan cambios en la Ley de Semillas
El debate planteado por la FAA incluye además las modificaciones propuestas a la Ley de Semillas y la posibilidad de avanzar hacia un esquema basado en estándares internacionales como UPOV 91.
La entidad sostiene que el sector necesita incorporar tecnología e innovación para mantener su competitividad, pero cuestiona que se amplíen los derechos de los obtentores sobre la producción si eso implica un incremento de los costos para los agricultores.
De esta manera, la Federación Agraria busca sostener una agenda centrada en el acceso a la tierra, el financiamiento, el arraigo y la protección de los pequeños y medianos productores frente a los cambios regulatorios que impulsa el Gobierno.
