FEBA salió al cruce de un proyecto de La Cámpora y pide un ámbito de diálogo en el Senado provincial

En alerta luego de la media sanción que el proyecto recibió en la cámara de Diputados bonaerense, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires solicitó a Verónica Magario que convoque en el Senado a una mesa de diálogo. Así lo confirmó a EL NORTE el vicepresidente de la entidad, el nicoleño Juan Carlos Uboldi.

El proyecto es impulsado por la diputada Maite Alvado, dirigente de La Cámpora e integrante del bloque de UP.

De la redacción de EL NORTE
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Un proyecto de ley que el Senado bonaerense podría sancionar, luego de su aprobación en Diputados, busca modificar la fórmula de cálculo de las sentencias judiciales por despidos y podría multiplicar por hasta siete veces el costo que deban para las empresas. En este contexto, y luego de la aprobación de la iniciativa en la Cámara baja, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) solicitó a la vicegobernadora Verónica Magario, presidenta de la Cámara alta, la generación de un ámbito de diálogo donde los actores vinculados a los actos que se pretenden legislar puedan dar su parecer.

Así lo confirmó a EL NORTE Juan Carlos Uboldi, el nicoleño que es Vicepresidente Primero de FEBA. La entidad empresaria remitió una nota a Magario para plantear su “rechazo” a la modificación del Artículo 48 de la Ley 11.653, modificando la fórmula para establecer las indemnizaciones laborales.

“Se trata de una modificación de la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales, a través de la modificación del artículo 48 de la ley 11.653 de Procedimiento Laboral. El proyecto establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER + 6% anual. El cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente. El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, advirtió FEBA a través de la nota firmada por su presidente Camilo Kahale y el secretario Silvio Zurzolo.

Para la entidad, “la aplicación de la tasa de actualización prevista […] no solo es un fracaso en encontrar una solución a la problemática original y derivada sino que continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas comprometiéndolas a su cierre y/o reducción”.

En tal sentido, FEBA concluyó: “Exhortamos a los senadores provinciales a una mesa de diálogo urgente con el sector empresario para evitar esta modificación legislativa que traerá graves consecuencias para las pymes locales. Y solicitamos se revea su tratamiento y no se avance hasta tanto se genere este espacio, y se evalúe el grave perjuicio para las pymes y para la generación de empleo”.

Otros rechazos

Entidades empresariales y empresarios Pymes rechazaron el proyecto de ley elaborado por la diputada camporista Maite Alvado y la sindicalista Soledad Alonso.

En las últimas horas, no sólo FEBA sino un amplio arco de entidades y Pymes se manifestaron en rechazo a la iniciativa y pidieron al Senado activar una mesa de diálogo para “evitar esta modificación legislativa”.

Entre las entidades que se manifestaron en contra figuran la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA), la Confederación Económica bonaerense (CEPBA), la Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y hasta la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera).

“El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas. Solicitamos que se evalúen el grave perjuicio para las Pymes y para la generación de empleo”, advirtieron.

“El sistema de actualización conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, cuestionaron desde Cgera. Para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la idea “resulta desaconsejable e inoportuna”.

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