En sus redes sociales, la empresa Vercelli Hnos compartió un comunicado en repudio de “la ilegítima medida de fuerza” dispuesta este martes por la UTA en San Nicolás y el resto del interior del país. A través de FATAP, las empresas del sector también piden al Gobierno nacional “una política integral, federal y equitativa”.
De la redacción de EL NORTE
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Tras el paro de este martes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que paralizó o redujo drásticamente los servicios de líneas de colectivo de corta y media distancia, el sector empresario con concesiones en el interior del país volvió a reclamar por la “ilegalidad” de la medida de fuerza fuera de los límites del AMBA. Fue a través de un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) que repudió el paro “sin ningún sustento legal”, que en San Nicolás fue a su vez replicado por la empresa Vercelli Hnos en sus redes sociales.
“La FATAP manifiesta su repudio a la ilegítima medida de fuerza dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor y exhorta a las autoridades competentes a intervenir para evitar y reparar los graves daños sufridos por los usuarios y las empresas prestadoras del servicio de pasajeros urbanos por ómnibus del interior del país”, inicia el comunicado de la entidad, titulado «El transporte público del interior perjudicado por un paro ilegítimo».
Las empresas advirtieron que este martes “millones de pasajeros y cientos de empresas fueron víctimas de un paro realizado sin ningún sustento legal, dado que la negociación paritaria entre la FATAP y UTA se encontraba en pleno desarrollo”.
La referencia tiene que ver con la paritaria del sector, que es distinta de la del AMBA y que, a diferencia de ésta última todavía, todavía no está un punto crítico: a las empresas del AMBA la UTA sí había anunciado la medida de fuerza, e incluso debió esperar para aplicarla en virtud de una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Todo ello, argumentan las empresas del interior, tenía que ver con otra negociación paritaria, y no con la del interior, que este mismo miércoles registraría una nueva audiencia oficial entre las partes.
“Sin previo aviso formal y desoyendo las normas de la Ley 14.786, se ha paralizado una actividad esencial para millones de argentinos que carecen de medios alternativos de transporte público, perjudicando sus actividades diarias a causa de un conflicto suscitado entre el sector sindical y las entidades empresarias que representan a las prestadoras del Área Metropolitana de Buenos Aires [AMBA]”, enfatizó FATAP.
Tal como EL NORTE consignó oportunamente, FATAP informó que en la previa del paro solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Nación que dictase una conciliación obligatoria a fin de “hacer cesar la ilegal conducta sindical”.
“[La conciliación] no ha sido dictada hasta el momento, lo que ha dejado a las empresas prestadoras en un estado de indefensión y parálisis que debería ser evitada por tratarse de prestadoras de un servicio público que tiene como características esenciales la regularidad y la continuidad”.
Al Gobierno
Por lo demás, la entidad volvió a llamar la atención del Gobierno en torno a la situación del transporte público de pasajeros en el interior. En este sentido, los empresarios advirtieron que “la pérdida de ingresos del sector ocasionada por el ilegítimo paro viene a sumarse a un cúmulo de situaciones que han deteriorado gravemente la situación de las empresas prestadoras del interior del país”.
Enfatizaron que “la actividad sufre una pérdida de ingresos a consecuencia de la caída de la demanda en pasajeros de alrededor de un 30% respecto de igual período del año anterior”. Señalaron asimismo que “proliferan en todas las jurisdicciones provinciales fenómenos de transportación irregulares” y volvieron a lamentar la “desaparición” del Fondo Compensador al Transporte del Interior del País.
“Es urgente atender la situación del sistema de transporte de pasajeros urbanos del interior del país, mediante una política integral, federal y equitativa que permita generar marcos previsibles para que las empresas recuperen el capital perdido a causa de años de desidia y arbitrariedad como único modo de garantizar a millones de compatriotas servicios sustentables, seguros y de calidad, prestados por empresas privadas que generan empleo genuino y formal”, consideró la FATAP.
Y concluyó: “Ese objetivo solo podrá ser alcanzado mediante el respeto a los contratos de concesión, el imperio de la ley y la acción estatal que resulte necesaria para garantizar el derecho a trabajar y ejercer industria lícita garantizado por nuestra Constitución Nacional”.
