Sobreendeudamiento: cuando el crédito deja de ser una herramienta y se vuelve una trampa
NewsITe
El sobreendeudamiento de los hogares se consolidó como uno de los problemas sociales más urgentes de la Argentina. Lo que en otros contextos suele funcionar como una herramienta financiera para acceder a bienes durables o invertir en mejoras del hogar, en el país se convirtió en una estrategia de supervivencia: millones de familias recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios, afrontar alquileres o cubrir tratamientos médicos básicos.
La pérdida sostenida del poder adquisitivo, la inflación elevada y la falta de ingresos estables empujan a amplios sectores de la población a un círculo vicioso de reclamos de pago, refinanciaciones y nuevos préstamos. Cada vez más personas se endeudan no para proyectar futuro, sino para llegar a fin de mes o, directamente, para cancelar deudas anteriores. Ese mecanismo, conocido como “recrédito”, es una clara señal de una espiral financiera sin salida a la vista.
De acuerdo con el Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, la deuda en mora de las familias argentinas alcanzó en junio el 17,5%. El dato es doblemente preocupante si se observa que el monto promedio de deuda por persona aumentó 60% en términos reales, mientras que el 35% de las obligaciones impagas acumula retrasos de más de 365 días. En los jóvenes el panorama es aún más grave: casi cuatro de cada diez menores de 25 años registran atrasos significativos en sus pagos.
Impacto social, salud mental y violencia puertas adentro
El sobreendeudamiento ya no puede leerse solo como un problema económico. Las tensiones que genera dentro de los hogares derivan en cuadros de ansiedad, depresión y estrés crónico, y se vinculan con un aumento del riesgo de conflictos y violencia intrafamiliar. La presión cotidiana de las cobranzas, la amenaza de cortes de servicios o desalojos y la imposibilidad de proyectar a mediano plazo erosionan el entramado social.
Al verse imposibilitadas de cumplir con las exigencias del sistema financiero formal, muchas familias migran hacia prestamistas informales, casas financieras con tasas usurarias o circuitos vinculados al delito organizado, incluso con ramificaciones en el narcotráfico. En esos espacios, la ausencia de regulación expone a los deudores a prácticas extorsivas y a una pérdida casi total de sus derechos.
Lecciones de Brasil y el plan que propone Redrado
Ante la magnitud del problema, distintos especialistas señalan la necesidad de una respuesta estatal integral. La experiencia de Brasil surge como referencia ineludible. El programa “Desenrola Brasil”, lanzado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y actualmente en su segunda fase, fijó un tope a los intereses de las tarjetas de crédito y habilitó a personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos a renegociar sus deudas en plazos de hasta 60 meses, con tasas sensiblemente más bajas.
- Topes a los intereses y límites a la usura en el sistema financiero.
- Renegociación de deudas en condiciones accesibles, con plazos extendidos.
- Participación activa del Estado para coordinar acuerdos masivos.
En esa línea, el economista Martín Redrado plantea que la Argentina necesita con urgencia un plan de inclusión financiera basado en tres pilares: una fuerte regulación y protección del consumidor con límites claros a las tasas abusivas; una oferta amplia de microcrédito social a tasa subsidiada y con garantías públicas para reemplazar pasivos impagables; y políticas de educación financiera y asistencia legal que permitan a las personas tomar decisiones informadas.
Sin una política pública transformadora, advierten los especialistas, el crédito desregulado seguirá profundizando la desigualdad y comprometiendo el futuro de millones de familias argentinas.
La radiografía del endeudamiento en la Argentina muestra un problema que atraviesa clases sociales, generaciones y territorios. La discusión sobre cómo abordarlo ya dejó de ser un asunto privado entre deudores y acreedores: se trata de una cuestión de interés público que demanda respuestas urgentes para evitar que la trampa de la deuda se siga cobrando costos económicos, sociales y humanos cada vez más altos.
