Investigación por extorsiones y el suicidio del soldado en Olivos
NewsITe
Una empleada del Municipio de Morón fue separada de su cargo tras quedar involucrada en la causa que investiga a una banda que realizaba extorsiones desde la cárcel mediante aplicaciones de citas, y cuyo caso más resonante es el del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en diciembre pasado dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.
Fuentes judiciales y municipales confirmaron que se trata de Karen Yael Cufré, quien hasta su detención se desempeñaba en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón. La mujer figura entre las personas acusadas de integrar la organización delictiva que habría sometido a Gómez a presiones y amenazas, en el marco de una maniobra de sextorsión.
En un comunicado oficial, el Municipio de Morón precisó que Cufré fue incorporada en 2025 como personal temporario, «conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso». Sin embargo, ante el avance de la investigación y la confirmación de su presunta participación en la banda, las autoridades dispusieron su cesantía inmediata a comienzos de febrero, aunque la decisión se conoció públicamente recién en las últimas horas.
«El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa», señalaron desde la comuna, que también remarcó que la desvinculación de la empleada se produjo en el marco del expediente que tramita en el fuero penal bonaerense.
Cómo operaba la banda de extorsionadores
De acuerdo con la pesquisa, la organización criminal estaba encabezada por dos hombres alojados en la Unidad N°36 de Magdalena, un interno de la Unidad N°26 de Lisandro Olmos y cuatro mujeres, entre ellas Cufré. A todos se les atribuye haber conformado una asociación ilícita dedicada de manera organizada y habitual a obtener transferencias de dinero mediante maniobras intimidatorias y la simulación de ser autoridades públicas.
Según la reconstrucción fiscal, el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas «Evermatch». Tras captar a las víctimas, les proponían continuar el contacto vía WhatsApp. Luego, desde ese mismo número, las personas recibían un mensaje de audio de quien decía ser la madre de la joven, denunciando que se trataba de una menor de edad y amenazando con realizar una denuncia penal.
En una segunda instancia, las víctimas eran contactadas por teléfono por un supuesto efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya identidad también era usurpada. El falso policía advertía que la madre estaba por denunciarlos y, bajo el pretexto de «ayudar con la situación» y evitar la causa judicial, exigía transferencias de dinero a distintas cuentas virtuales.
El caso del granadero Rodrigo Gómez
Los investigadores atribuyen a la banda al menos tres hechos consumados de extorsión. El primero y más grave fue el que tuvo como víctima al granadero Rodrigo Gómez. De acuerdo con las pruebas reunidas en el expediente, el joven militar habría sido obligado a transferir 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre pasado.
Pocas horas después de esas transferencias, Gómez se quitó la vida dentro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones. Para los fiscales del caso, los principales cabecillas de la organización no sólo habrían participado de la maniobra extorsiva, sino que también se les imputa la instigación al suicidio del soldado, en función de la presión y el cuadro de angustia que le generaron.
- Creación de perfiles falsos en aplicaciones de citas.
- Simulación de ser familiares y policías para amedrentar a las víctimas.
- Exigencia de transferencias inmediatas de dinero a billeteras virtuales.
La Justicia investiga si la cadena de amenazas y exigencias económicas ejercida sobre el granadero Gómez fue determinante en la decisión que derivó en su muerte.
La causa continúa en plena etapa de instrucción, con pedidos de prueba en curso y nuevas medidas sobre los detenidos. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la seguridad digital, el control de comunicaciones en unidades penitenciarias y los mecanismos de monitoreo interno en organismos públicos para detectar posibles vínculos entre empleados estatales y organizaciones delictivas.
