La Justicia bonaerense benefició al delantero en la causa por su hija
NewsITe
La Justicia de la provincia de Buenos Aires concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en la causa en la que se lo investiga por presuntas lesiones leves agravadas en perjuicio de su hija Francesca, hecho denunciado tras un episodio ocurrido en el barrio privado La Isla, en Nordelta, partido de Tigre.
La resolución, a la que accedió Noticias Argentinas, fue firmada por el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz. El magistrado hizo lugar al pedido de la defensa del delantero, a cargo del abogado Norberto Francisco Oneto, y otorgó el beneficio bajo caución juratoria, figura que implica el compromiso del imputado de someterse al proceso y cumplir las citaciones judiciales.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Género, que analiza la posible comisión del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, encuadrado en los artículos 89 y 92, en función del artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal. Se trata de un delito cuya escala penal va de seis meses a dos años de prisión, por lo que una eventual condena podría ser de ejecución condicional, sin cumplimiento efectivo de cárcel.
Fundamentos de la decisión judicial
Al resolver, el juez Díaz consideró que la situación procesal de Icardi encuadra dentro de los supuestos que permiten conceder la eximición de prisión. Entre otros puntos, valoró la escala penal prevista para el delito investigado y la ausencia, hasta el momento, de elementos que indiquen riesgo de fuga u obstrucción de la investigación.
El magistrado dispuso además que el futbolista sea citado, por intermedio de su abogado, para presentarse ante el juzgado en un plazo máximo de cinco días. En esa audiencia deberá firmar las actas correspondientes y ratificar su compromiso de estar a derecho. En caso de incumplir con estas obligaciones, la Justicia podrá revocar el beneficio otorgado.
El episodio en Nordelta y la intervención de la Fiscalía
El expediente se originó a partir de un hecho denunciado el viernes pasado en el barrio privado La Isla, en Nordelta. De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, Wanda Nara recibió mensajes de su hija de 11 años a través de iCloud, en los que la menor le habría manifestado que había sido agredida físicamente por su padre, que permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado.
Ante esa situación, la conductora interrumpió las grabaciones del programa televisivo MasterChef Celebrity y se dirigió al domicilio donde se encontraba el jugador. Según el acta policial, personal de la fuerza de seguridad llegó al lugar tras un llamado al 911. En un primer momento hubo resistencia para permitir el ingreso, pero finalmente la niña salió llorando y se reunió con su madre en el exterior de la vivienda.
En ese contexto, la menor habría expresado su intención de retirarse con Nara y sostuvo que había sido golpeada y amenazada por su padre. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el lugar y no detectó lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un centro de salud, aunque sí recomendó estudios complementarios debido a un traumatismo leve en la rodilla izquierda.
Medidas cautelares y próximos pasos en la causa
En paralelo al otorgamiento de la eximición de prisión, el Juzgado de Garantías ya había dictado una medida cautelar restrictiva para Icardi. El delantero tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de Francesca y a menos de 300 metros del domicilio de la niña o de cualquier lugar donde se encuentre. También tiene vedado mantener comunicación con ella por cualquier medio durante 45 días.
Estas disposiciones buscan resguardar a la menor mientras avanza la investigación penal. En las próximas semanas, la Fiscalía continuará reuniendo elementos de prueba, entre ellos pericias médicas, posibles informes psicológicos y declaraciones testimoniales, para determinar si corresponde formular una acusación formal contra el futbolista o disponer el archivo de la causa.
La eximición de prisión no implica un sobreseimiento ni el cierre del expediente, sino que garantiza que el imputado pueda continuar el proceso en libertad mientras la Justicia define su responsabilidad penal.
El caso, que involucra a una de las parejas más mediáticas del país, volvió a poner en debate los mecanismos de protección de la niñez y los protocolos de actuación en situaciones de violencia familiar, así como el rol de la Justicia y de los organismos estatales especializados.
