Rodríguez Ponte, ante el Senado por un juzgado estratégico
El Senado de la Nación tomará este lunes un examen decisivo a Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez de la Corte Suprema propuesta Ariel Lijo, quien aspira a ocupar el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Se trata del despacho que concentra una de las causas más sensibles del momento: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Jesica Cirio y al ex intendente de Lomas y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.
El juzgado se encuentra vacante y en la actualidad está subrogado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella. El magistrado dispuso recientemente la prohibición de salida del país para Insaurralde y Cirio, aunque rechazó el pedido del fiscal Sergio Mola para ordenar su detención. En este contexto, la definición sobre quién quedará al frente de ese tribunal cobra un fuerte peso político e institucional.
Rodríguez Ponte integra la nómina de 15 candidatos a cargos judiciales que expondrán en la primera de las dos audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, presidida por el senador libertario por La Rioja. La instancia forma parte del procedimiento constitucional para la designación de jueces y fiscales federales, que incluye evaluación de antecedentes, exposición pública y posterior votación en el recinto.
Un candidato con lazos en la familia judicial
El postulante se desempeña actualmente como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, un área clave para investigaciones de alto impacto vinculadas a corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Además, es esposo de la fiscal federal Alejandra Mangano y yerno del secretario de la histórica jueza María Romilda Servini de Cubría, lo que refuerza sus vínculos con sectores influyentes de la Justicia federal.
Diversas fuentes del ámbito judicial lo describen como un “ahijado” de Ariel Lijo, con quien trabajó estrechamente en Comodoro Py. Actualmente, Lijo concentra, entre otros expedientes, una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputado al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, así como investigaciones por supuestas irregularidades y presunto pago de coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Quiénes más expondrán en la audiencia
La audiencia prevista para el 30 de junio incluirá también la presentación de una extensa lista de postulantes para distintos cargos federales, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el interior del país. Entre ellos se encuentran conjueces para la Cámara Nacional de Apelaciones de Córdoba y candidatos a tribunales orales de diversas jurisdicciones.
- Maximiliano Chaves, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Faure, Gabriel Marnich, José Villena y Fernando Zarabozo, propuestos como conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones de Córdoba.
- Bernardo Rodríguez Palma, postulado como juez de la Cámara del Tribunal N.º 2 de San Martín.
- Pablo Rodríguez Toledo, candidato a integrar la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán.
- Ruth Ponce de León, propuesta para la Cámara del Tribunal Oral Criminal de Posadas.
- Juan Burella Acevedo, como fiscal en la provincia de Corrientes.
- María Ise, para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
- Ángel Roger Luna Roldán, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
- Juan Carlos Riccardini y Paula Romeo, postulados para distintas salas del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
- Hugo Froy, candidato para la fiscalía descentralizada de Paso de los Libres.
La audiencia en el Senado se inscribe en un proceso de renovación y cobertura de vacantes en la Justicia federal, en un contexto de fuerte atención pública sobre el funcionamiento de los tribunales y las causas de corrupción.
Tras las exposiciones, la Comisión de Acuerdos deberá emitir dictamen y luego será el pleno del Senado el que defina si otorga o no el aval político a cada una de las candidaturas. En el caso de Rodríguez Ponte, una eventual aprobación implicaría definir quién asumirá la conducción de un juzgado clave para causas de alto voltaje político y mediático en el conurbano bonaerense.
