Polémica por un posible beneficio educativo al femicida de Érica Soriano
NewsITe
La Justicia bonaerense analiza la posibilidad de reducir en un año y tres meses la pena de Daniel Lagostena, condenado a 22 años de prisión por el homicidio de Érica Soriano, desaparecida en agosto de 2010 en Lanús. El eventual beneficio surge de la figura del “estímulo educativo”, que permite acortar condenas a detenidos que realizan estudios dentro de las cárceles.
El juez de Ejecución Penal Juan Ignacio Sorrentino otorgó el beneficio a Lagostena, decisión que fue inmediatamente apelada por la familia de Érica ante la Cámara en lo Penal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Ahora, la Sala III de ese tribunal deberá resolver si confirma o deja sin efecto la resolución, en un fallo que se espera para los próximos días.
Actualmente, Lagostena cumple su condena en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Olmos, en el pabellón 4 del Servicio Penitenciario Bonaerense. De acuerdo con los cálculos de la Cámara de Casación Penal bonaerense, su sentencia vence el 1 de octubre de 2037, por lo que debería permanecer detenido por lo menos 11 años más.
Qué implica el “estímulo educativo” en este caso
La reducción de pena que se discute se basa en los estudios que el condenado realizó durante su permanencia en prisión. Entre las carreras y cursos completados figuran la Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica N.º 136; el Profesorado de Sociología y la Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata.
Además, Lagostena cursó distintas capacitaciones y talleres, entre ellos: manipulación de alimentos, cocina, panadería, programación web, programación de dispositivos móviles, montador electricista domiciliario, confección de bolsos y mochilas y habilidades digitales. El sistema de “estímulo educativo” traduce la acreditación de estos estudios en una reducción concreta del tiempo de prisión efectivo.
Si la Cámara confirma el beneficio, se prevé que Lagostena pueda acceder a la libertad asistida a partir del 1 de septiembre de 2028, anticipando así su egreso del sistema penitenciario respecto de la fecha originalmente establecida.
El caso Érica Soriano y la condena
Érica Soriano fue vista por última vez entre la noche del 20 y la tarde del 21 de agosto de 2010 en Lanús. Al momento de su desaparición estaba embarazada y convivía con Lagostena. Pese a la intensa investigación, su cuerpo nunca fue hallado, pero las pruebas reunidas en el expediente permitieron reconstruir un esquema de violencia de género sostenida.
El 11 de julio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9 de Lomas de Zamora —integrado por los jueces Victoria Ballvé, Darío Bellucci y Juan Manuel Rial— condenó a Lagostena a 22 años de prisión. Como en 2010 aún no estaba incorporada al Código Penal la figura de femicidio, se lo encontró culpable de “homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género”.
Durante el juicio oral declararon más de 40 testigos, entre ellos ex parejas del acusado, que relataron episodios de maltrato y situaciones de violencia similares a las que habría padecido Érica. Los jueces concluyeron que la joven fue asesinada en la vivienda que compartía con Lagostena entre el 20 y el 21 de agosto de 2010.
Apelaciones agotadas y debate social
Tras la condena, la defensa encabezada por el abogado Francisco Oneto presentó diversos recursos ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando una “absurda valoración de la prueba” y solicitando la revisión del fallo. El 18 de diciembre de 2022, el máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso extraordinario y dio por cerrada definitivamente la discusión sobre la responsabilidad penal de Lagostena.
- La sentencia a 22 años de prisión quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema.
- La Cámara de Casación bonaerense fijó el vencimiento de la condena para octubre de 2037.
- La reducción en análisis se limita a un año y tres meses por el estímulo educativo.
Familiares y organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género siguen de cerca el expediente y advierten que cualquier reducción de pena en casos de femicidio —aunque sea por legislación previa— debe ser cuidadosamente evaluada por su impacto simbólico y social.
Mientras la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora define si ratifica o revoca el beneficio otorgado, el caso vuelve a poner en discusión el alcance del estímulo educativo para condenados por hechos graves, y reabre el debate sobre las deudas del sistema judicial frente a la violencia de género en la Argentina.
