La medida llega días después de que Washington incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, en un nuevo escalamiento de la tensión entre ambos países.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones dirigidas a personas y empresas vinculadas al entorno del dictador venezolano Nicolás Maduro, ampliando las restricciones previas sobre figuras acusadas de sostener el aparato político y financiero del régimen. Las medidas, gestionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alcanzan a tres sobrinos de Cilia Flores, a un empresario con actividad en Venezuela y a seis compañías navieras utilizadas para transportar petróleo hacia mercados internacionales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington busca limitar los recursos que alimentan actividades ilícitas atribuidas al círculo gobernante en Caracas. “Nicolás Maduro y sus asociados están inundando Estados Unidos con drogas. Estas sanciones corrigen un error y responsabilizan a su red”, declaró en un comunicado oficial.
La decisión marca un retroceso respecto del levantamiento parcial que aplicó la administración de Joe Biden con el fin de incentivar negociaciones políticas con Caracas, proceso que finalmente no produjo avances concretos.
Entre los sancionados se encuentran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores. Ambos fueron detenidos en Haití en 2015 durante una operación antidrogas en la que intentaban concretar un envío de cocaína hacia Estados Unidos. En 2016 un tribunal federal los declaró culpables y, tras recibir clemencia presidencial en 2022, recuperaron su libertad. Según funcionarios estadounidenses, retomaron sus actividades ilícitas luego de su regreso a Venezuela.
La OFAC también reincorporó a la lista de sancionados a Carlos Erik Malpica Flores, exfuncionario de la Tesorería Nacional y de la petrolera estatal PDVSA. Había sido removido en 2022 para facilitar conversaciones políticas que no prosperaron. Su nueva designación se enmarca en una orden ejecutiva que apunta a funcionarios actuales o pasados del régimen venezolano.
Otra figura incluida en la acción es el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a contratos de transporte de productos petroleros venezolanos. Según información oficial, gestionó envíos asociados a miembros de la familia Maduro-Flores y fue sancionado bajo una orden ejecutiva que permite penalizar a quienes operen en sectores estratégicos de la economía venezolana, entre ellos el petróleo.
El anuncio del Tesoro también puso el foco en la red logística que sostiene las exportaciones de crudo venezolano. Seis compañías navieras con sede en jurisdicciones como las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido fueron señaladas por ocultar deliberadamente rutas y ubicaciones de sus buques para evadir controles internacionales. Las embarcaciones WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA y MONIQUE quedaron identificadas como propiedad bloqueada, lo que impide cualquier vínculo comercial con compañías estadounidenses o entidades bajo su jurisdicción.
Registros revisados por el Tesoro señalan que estos buques cargaron petróleo venezolano en 2025 y manipularon señales de navegación y reportes de posición para evitar su rastreo. La OFAC sostuvo que estas maniobras violan normas de seguridad marítima y buscan eludir sanciones vigentes sobre PDVSA desde 2019.
Con esta decisión, todos los activos bajo jurisdicción estadounidense pertenecientes a los sancionados quedan inmovilizados. Las regulaciones prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones, prestar servicios o recibir pagos relacionados con las personas designadas, salvo autorización específica. El Tesoro recordó que la violación de estas disposiciones puede generar responsabilidades civiles o penales, incluso para extranjeros que participen en actividades prohibidas.
La OFAC aclaró que las listas pueden modificarse si las conductas cambian y si las acciones se ajustan a los lineamientos legales. El organismo insistió en que el objetivo final de las medidas es modificar comportamientos y no imponer castigos permanentes.
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