Imputan a docentes por maniobra de certificados falsos en Salud
NewsITe
La Justicia de Salta imputó al menos a 53 docentes por la presunta utilización de certificados apócrifos para incrementar sus puntajes en concursos y procesos de designación dentro del Ministerio de Salud provincial. La causa, que sacude al sistema de calificación docente, investiga una estructura organizada que habría comercializado diplomaturas falsas con apariencia legítima.
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De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) salteño, la pesquisa se inició el 17 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por el secretario de Gestión Educativa. Una auditoría interna había detectado 291 inscripciones con documentos adulterados, 286 registros modificados irregularmente y un total de 237 profesores presuntamente involucrados en la maniobra.
Las Juntas Calificadoras, que comparten una misma base de datos, fueron clave para advertir las inconsistencias. A partir de ese hallazgo, tomó intervención la Unidad de Delitos Complejos (UDEC), que reconstruyó el circuito utilizado para ofrecer cursos y diplomaturas con puntaje, supuestamente avalados por instituciones reales, pero que en realidad no contaban con respaldo oficial.
Cómo operaba la presunta red de certificados truchos
Según reconstruyó la investigación, los docentes interesados eran contactados principalmente a través de la red social Facebook, mediante perfiles como “Cursos Educar” o el alias “Ana Guzmán”. Desde estas cuentas se promocionaban propuestas de capacitación que prometían sumar puntos en el escalafón docente y mejorar las posibilidades de acceso a cargos.
Los pagos, de acuerdo con fuentes judiciales, iban desde los $95.000 hasta los $360.000 por cada diplomatura o curso, montos que eran abonados a través de transferencias y otros medios electrónicos. A cambio, los docentes recibían certificados en formato PDF que incluían sellos y firmas escaneadas para simular autenticidad.
La maniobra quedó al descubierto cuando personal de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos verificó los documentos en las bases oficiales. Allí comprobaron que los números de certificación no existían, que había duplicaciones y que parte de la numeración nunca había sido emitida por las instituciones que supuestamente los respaldaban.
Roles, detenidos y posibles delitos
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo del caso, delineó los distintos roles que habrían cumplido los sospechosos dentro de la estructura investigada. Una docente del sur de la provincia se encargaba, según la acusación, de captar a los interesados y administrar los cobros; otra mujer, radicada en el norte salteño, brindaba soporte y respondía consultas bajo una identidad ficticia.
La pesquisa también identificó a un hombre con domicilio en San Carlos de Bariloche, señalado como presunto administrador digital de la operatoria y receptor de parte de los fondos. Este integrante habría tenido a su cargo el manejo de las plataformas, la emisión de los certificados y la coordinación de las comunicaciones virtuales.
- Una docente del sur: captación de clientes y cobro de los montos.
- Una mujer en el norte: soporte a docentes y atención de consultas con nombre falso.
- Un hombre en Bariloche: gestión digital, administración de perfiles y recepción de pagos.
En el marco de la causa, dos mujeres fueron detenidas e imputadas de forma provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado, en concurso ideal con fraude a la administración pública, y asociación ilícita en concurso real. Fuentes judiciales no descartan que se sumen nuevas imputaciones a medida que se avanza en el análisis de la documentación secuestrada.
La investigación alcanza a más de dos centenares de docentes y expone la vulnerabilidad del sistema de puntajes, que depende de la autenticidad de los certificados para garantizar procesos de designación transparentes.
La causa seguirá ahora con nuevas declaraciones testimoniales, peritajes informáticos y requerimientos a las instituciones educativas mencionadas en los certificados. Desde el ámbito educativo provincial no descartan revisar los mecanismos de control y auditoría para evitar que maniobras similares vuelvan a repetirse.
