Jornada de máxima tensión en La Paz y El Alto por protestas contra el Gobierno
Bolivia vivió una nueva jornada de alta conflictividad política y social, con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, bloqueos de rutas y marchas multitudinarias que mantuvieron paralizado gran parte del país. La presión callejera se concentra contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, a quien distintos sectores le exigen la renuncia y el adelanto de las elecciones.
Las ciudades de La Paz y El Alto volvieron a convertirse en el epicentro de las protestas. Sindicatos, organizaciones campesinas, juntas vecinales, mineros, docentes y trabajadores fabriles, muchos nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB), marcharon desde distintos puntos hacia el centro político-administrativo paceño, colapsando avenidas y afectando el transporte público y la actividad comercial.
La tensión escaló en las inmediaciones de la plaza Murillo, donde se encuentran la sede de la Presidencia y el Poder Legislativo. Grupos de manifestantes intentaron superar los anillos de seguridad montados por la Policía, que respondió con gases lacrimógenos y balines. Del otro lado, los protestantes utilizaron piedras, petardos, palos y hasta cartuchos de dinamita, en escenas de alto voltaje que se replicaron en varias calles del casco histórico.
El centro de La Paz quedó envuelto en una densa nube de gas lacrimógeno, mientras las detonaciones y corridas obligaron a comerciantes a bajar las persianas de forma apresurada. Algunos locales reportaron daños materiales, de acuerdo con registros difundidos por medios locales y en redes sociales, que dieron cuenta del clima de confrontación abierta entre civiles y fuerzas de seguridad.
Advertencia de las Fuerzas Armadas y temor a una mayor radicalización
En paralelo a la escalada en las calles, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que expresaron preocupación por la supuesta presencia de “grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre” en distintas regiones del país. La advertencia se produjo luego de que circularan videos donde se observa a civiles armados exigiendo la salida del presidente Paz.
“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población y no se permitirá ninguna acción que amenace la estabilidad institucional ni la integridad de los ciudadanos”, señaló el pronunciamiento oficial.
El Gobierno llamó a la población a colaborar con las fuerzas de seguridad y a confiar en el trabajo “coordinado y comprometido” de las instituciones del Estado. Sin embargo, crecen los rumores sobre una posible radicalización del conflicto, en un contexto de desgaste social y descontento acumulado por la situación económica y la prolongación de los bloqueos.
Bloqueos, desabastecimiento e impacto económico en todo el país
La ciudad de El Alto, vecina de La Paz y clave por su ubicación estratégica y su aeropuerto internacional, también fue escenario de fuertes medidas de presión. Organizaciones vecinales y transportistas instalaron bloqueos en los accesos a la terminal aérea, con quema de neumáticos y otros objetos, lo que obligó a reforzar la presencia policial y a colocar mallas de seguridad para impedir el ingreso de los grupos movilizados.
Bolivia acumula ya 22 días consecutivos de protestas y cortes de ruta impulsados por organizaciones campesinas, sindicatos y sectores vinculados al expresidente Evo Morales. Según la Administradora Estatal Boliviana de Carreteras, se registran 51 puntos de interrupción vial en siete de los nueve departamentos del país, con especial impacto en La Paz, que concentra cortes en rutas estratégicas hacia Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
- Interrupción del transporte de alimentos, combustibles y mercaderías.
- Desabastecimiento progresivo en varias ciudades y aumento de costos logísticos.
- Parálisis parcial de la actividad comercial y productiva.
- Clima de incertidumbre política y social creciente.
Economistas y analistas advierten que, de prolongarse el escenario de bloqueo y conflictividad, el daño para la economía boliviana podría ser significativo, con impacto en la inflación, la cadena de suministros y la inversión. Mientras tanto, la salida política al conflicto continúa abierta y las protestas mantienen en vilo al Gobierno y a toda la sociedad.
