La causa por las petroleras en Malvinas avanza en Comodoro Py
NewsITe
La denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco petroleras que operan en la zona de las Islas Malvinas ya tiene juez asignado. Por sorteo, el expediente quedó en manos del magistrado federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, con sede en los tribunales de Comodoro Py.
La causa se originó a partir de una presentación realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Ambos funcionarios apuntaron contra un grupo de compañías acusadas de llevar adelante tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización de la Argentina, en presunta violación de la Ley 26.659 de Hidrocarburos.
Las empresas denunciadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, estas firmas habrían recibido permisos del Reino Unido para operar en la plataforma marítima en disputa, lo que el Gobierno considera una vulneración de la normativa argentina vigente.
La Ley 26.659 prohíbe expresamente realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación otorgada por las autoridades nacionales. En ese marco, la administración de Javier Milei impulsa una ofensiva judicial que se suma a las habituales reclamaciones diplomáticas en los foros internacionales por la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Gobierno y soberanía: estrategia sobre recursos en el Atlántico Sur
En la presentación, el Gobierno sostuvo que la denuncia representa una “acción concreta” para proteger los recursos naturales estratégicos del país y reforzar su posición soberana en el Atlántico Sur. El Ejecutivo remarcó que no permitirá que queden impunes conductas empresariales que, a su criterio, desconozcan la jurisdicción argentina sobre esos territorios y mares.
Paralelamente, la Casa Rosada ya había anunciado la decisión de priorizar, en el Presupuesto 2027, inversiones vinculadas con la Base Naval y la presencia argentina en la región, en línea con una estrategia de mayor control sobre las actividades económicas en torno a las islas.
- Investigación sobre presuntas violaciones a la Ley de Hidrocarburos.
- Empresas apuntadas por operar con permisos británicos en Malvinas.
- Reafirmación del reclamo histórico de soberanía argentina.
“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, sostuvo el Gobierno en su comunicado oficial.
Con la causa ya radicada en el juzgado de Ercolini, comenzará ahora la etapa de análisis de la denuncia, posibles requerimientos de medidas de prueba y eventuales citaciones. Mientras tanto, el conflicto por la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas vuelve a instalarse en el centro de la agenda política y judicial, en un contexto internacional donde los recursos energéticos offshore cobran cada vez mayor relevancia.
