Avance judicial sobre las firmas que exploran petróleo en Malvinas
NewsITe
El juez federal Julián Ercolini avanzó en la causa por presunta exploración hidrocarburífera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte y solicitará colaboración judicial a las autoridades de Gran Bretaña e Israel para recabar información detallada sobre las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, protagonistas del proyecto petrolero conocido como Sea Lion.
El requerimiento, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a identificar a directivos, representantes legales y la composición societaria de ambas firmas, a las que la Argentina considera responsables de actividades petroleras en aguas cercanas a las Islas Malvinas en violación de la normativa nacional vigente.
En el caso del Reino Unido, Ercolini pidió datos sobre todas las sociedades vinculadas al grupo Rockhopper, la identidad de sus autoridades desde 2012 y los antecedentes vinculados a la obtención de licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. El objetivo es reconstruir el entramado empresarial que sostiene las operaciones en la zona en disputa de soberanía.
Respecto de Israel, el magistrado reclamó el registro societario de Navitas Petroleum y la nómina de sus directivos desde 2012, así como la información relativa a sus acuerdos y vínculos comerciales con Rockhopper. Navitas es actualmente la operadora principal del proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos petroleros más avanzados en el área de las islas.
Indagatorias, posibles capturas y testigos clave
La causa judicial tiene como meta identificar a los responsables para luego llamarlos a declaración indagatoria por violación de distintas leyes argentinas que regulan la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental. En caso de que los imputados no se presenten ante la Justicia, Ercolini podría ordenar la emisión de pedidos de captura internacional a través de Interpol.
El expediente también prevé la incorporación de testimonios y documentación oficial. Entre las medidas dispuestas figura la citación de la embajadora Paula Iris Di Chiario como testigo, así como pedidos de informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad sobre eventuales intervenciones de organismos ambientales y fuerzas federales en la zona de las operaciones.
Contexto político y disputa por la soberanía
La decisión judicial se conoce en paralelo a la agenda internacional del presidente Javier Milei, quien tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El avance de la causa se inscribe en el marco de la histórica disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas y la postura oficial de endurecer sanciones a las empresas que operen sin autorización argentina.
- El Gobierno impulsa la investigación tras la cadena nacional del 3 de septiembre, donde Milei habló de la recuperación de Malvinas.
- Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin habilitación nacional en las aguas circundantes a las islas.
El expediente busca determinar responsabilidades penales por las operaciones del proyecto Sea Lion en una zona que la Argentina reclama como parte de su plataforma continental y de sus recursos naturales soberanos.
Con estos nuevos pedidos de información a Gran Bretaña e Israel, la Justicia argentina profundiza la investigación sobre el rol de Rockhopper y Navitas, en una causa que combina componentes judiciales, económicos y diplomáticos en torno al futuro de los recursos energéticos en el Atlántico Sur.
