Avanza la investigación sobre el patrimonio de una dirigente metalúrgica
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El juez federal Julián Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de la dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) e integrante de La Cámpora, María Soledad Calle, en el marco de la causa en la que se investiga el origen de su patrimonio, incluida la compra del departamento ubicado justo debajo de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, en el edificio de San José 1111, barrio de Constitución.
La medida apunta a reconstruir de manera detallada la evolución patrimonial de Calle, así como los vínculos económicos y laborales con el titular de la UOM, Abel Furlán, el propio sindicato metalúrgico y la firma USEM S.A., creada en 2022. De acuerdo con la causa, esta empresa mantenía un contrato de locación de servicios con la UOM por el cobro de una comisión mensual del 0,5% sobre los fondos administrados.
Según pudo saber Noticias Argentinas, Ercolini dispuso una batería de oficios a distintos organismos del Estado para recabar información sobre ingresos, bienes registrables y movimientos financieros de los involucrados. El objetivo central es determinar si el patrimonio declarado se condice con los bienes adquiridos en los últimos años, entre ellos inmuebles y vehículos de alta gama.
Pedidos a AFIP, ANSES y otros organismos
Al organismo recaudador, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, a través de la ex ARCA), el magistrado le requirió las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de María Soledad Calle y de Abel Furlán, correspondientes al período 2022-2025. En esos años se produjo la constitución y el movimiento principal de USEM S.A., pieza clave en la investigación.
En paralelo, el juzgado libró oficio a la ANSES para que informe el historial laboral de los involucrados: empleadores registrados, fechas de alta y baja, y remuneraciones declaradas. Con estos datos se busca establecer la capacidad económica formal de Calle y Furlán frente a los bienes que figuran a su nombre.
Además, se solicitó a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, la remisión de los estados contables que la UOM presentó en los últimos cinco años. Ese análisis permitirá detectar posibles desvíos de fondos o contratos considerados irregulares entre el gremio y la sociedad anónima USEM.
Departamentos, autos de alta gama y posibles embarcaciones
En el capítulo de bienes registrables, Ercolini pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires un informe completo sobre la unidad funcional ubicada en San José 1111, primer piso, cuya titularidad se atribuye a Calle. Se trata del departamento situado justo debajo del inmueble donde reside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un dato que sumó fuerte repercusión política al expediente.
- Informe de dominio del departamento de San José 1111, primer piso.
- Datos registrales de un Peugeot 3008 GT Pack y un BMW M135 xDrive, presuntamente parte del patrimonio de Calle.
- Consulta sobre la existencia de embarcaciones a nombre de Calle y Furlán.
En cuanto al contrato entre USEM S.A. y la UOM, la causa detalla que fue firmado el 27 de febrero de 2023 y que otorgaba a la compañía honorarios del 0,5% mensual sobre todos los fondos que ingresaban a una cuenta fiduciaria del sindicato. A través de ese esquema, la firma habría tenido a su cargo gestiones vinculadas a la apertura y administración de cuentas corrientes para seccionales y para el Secretariado Nacional.
La investigación busca determinar si la estructura societaria y los contratos firmados con la UOM fueron utilizados para canalizar fondos del gremio hacia particulares, en desmedro del patrimonio sindical y de la transparencia en el manejo de los recursos de los afiliados.
Ercolini continuará ahora con el análisis de la información que surja de los informes requeridos. En función de esos resultados, podrían disponerse nuevas medidas de prueba y eventuales imputaciones o ampliaciones de cargos, en una causa que combina derivaciones judiciales, sindicales y políticas en pleno clima de tensión económica y social.
