El oficialismo intentará avanzar con la derogación de la Ley de Tierras y otras reformas antes del cierre del año legislativo. También sigue de cerca la presentación internacional de Cristina Kirchner y la evolución de los indicadores económicos.
El Gobierno de Javier Milei afrontará una semana decisiva para el futuro de su agenda legislativa. Mientras la reciente visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, buscó respaldar el rumbo económico del Ejecutivo, la Casa Rosada deberá demostrar si conserva la capacidad de reunir mayorías en el Congreso para avanzar con proyectos considerados estratégicos.
La principal prueba llegará el jueves en el Senado, donde el oficialismo intentará aprobar la derogación del capítulo de la Ley de Tierras que limita la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La iniciativa ya sufrió tres postergaciones por falta de votos y el Gobierno considera que una nueva derrota tendría un fuerte costo político. Según publicó Infobae, el oficialismo prepara modificaciones al proyecto que serán anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de sumar apoyos entre los bloques dialoguistas.
El escenario permanece abierto. La posición de los representantes de Misiones aparece como uno de los principales focos de incertidumbre, mientras que dentro de la Unión Cívica Radical también existen diferencias que podrían resultar determinantes para la votación. A ello se suma el rechazo anticipado del bloque de Unión por la Patria y de otros sectores opositores.
El oficialismo busca acelerar las reformas antes de diciembre
Además del debate por la Ley de Tierras, el Gobierno pretende avanzar durante los próximos meses con otros proyectos que considera prioritarios antes de que la dinámica electoral reduzca el margen de maniobra del Congreso.
Entre ellos figuran la eliminación de las PASO, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el denominado Super RIGI, un nuevo régimen de Inocencia Fiscal, la actualización de la ley de sociedades y cambios en el régimen de zona fría.
En paralelo, el oficialismo continúa negociando con gobernadores y bloques provinciales para conseguir respaldo legislativo. Sin embargo, también procura mantener autonomía política en distritos donde considera que puede competir electoralmente sin necesidad de acuerdos con mandatarios provinciales.
En ese marco, Tucumán aparece como uno de los casos testigo. La Libertad Avanza apuesta a consolidar una candidatura propia y evita avanzar hacia un entendimiento con el gobernador Osvaldo Jaldo. Una estrategia similar podría repetirse en provincias como Córdoba, Santa Fe y Salta, mientras que sí contemplan acuerdos en otros distritos donde ya existieron alianzas previas.
Mientras tanto, el PRO también comenzó a mover sus fichas de cara al escenario electoral. El lanzamiento del exministro de Economía Hernán Lacunza como posible candidato presidencial, con respaldo de Mauricio Macri, y el reposicionamiento político de Patricia Bullrich reflejan que la discusión sobre futuras alianzas continúa abierta.
Encuestas adversas y un Congreso cada vez más complejo
El contexto político también está condicionado por la evolución de la imagen presidencial. Diversos sondeos difundidos durante los últimos días reflejaron un deterioro en la valoración del Gobierno y un incremento del pesimismo económico.
De acuerdo con datos citados por Infobae, el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró una nueva caída durante julio. A ello se suman encuestas privadas que muestran un aumento de la imagen negativa del Presidente y una percepción mayoritaria de que la situación económica aún no alcanzó su punto más crítico.
En la Casa Rosada consideran que mantener la estabilidad cambiaria y la desaceleración de la inflación será determinante para sostener respaldo político mientras intenta avanzar con el programa de reformas.
Cristina Kirchner espera una definición internacional
Otro de los temas que el Gobierno sigue de cerca es la presentación realizada por Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La defensa de la exmandataria cuestionó distintos aspectos de su condena en la causa Vialidad y solicitó medidas vinculadas con las condiciones de detención y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La expectativa está puesta en la reunión prevista para octubre, cuando el organismo internacional podría analizar el planteo. Según la información publicada por Infobae, en el entorno de la expresidenta consideran que un eventual pronunciamiento favorable podría reabrir el debate jurídico sobre su situación y alterar el escenario político de cara al proceso electoral.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que una eventual reaparición electoral de Cristina Kirchner podría terminar beneficiando políticamente a Javier Milei, al reinstalar la polarización con el kirchnerismo en un contexto donde el Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica prevalezca sobre el malestar económico de corto plazo.
