Así lo indicó Tomás Lencina, líder del gremio en San Nicolás. Sucede lo mismo en Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades.
La Seccional San Nicolás de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de actividades por 48 horas a partir de las cero horas de mañana, pese a que el gobierno nacional dictó una conciliación obligatoria. En este marco, la UTA nicoleña realizará este martes a partir de las 9 una movilización para reclamar por no haber acordado la paritaria. La conciliación tampoco sería acatada en otras ciudades grandes del interior del país, tales como Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca, entre varias otras.
“La posición de la UTA Seccional San Nicolás, a pesar de la conciliación, es mantener el paro de mañana y el miércoles. Al menos, hasta ahora. No se levanta la medida si el consejo directivo nacional [del gremio] no cambia la posición. La UTA mañana paraliza el transporte. Veremos si a última hora existe un cambio. Por ahora, el paro está firme y la medida de fuerza se hace”, indicó a EL NORTE el secretario general de la UTA San Nicolás, Tomás Lencina.
El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó en la tarde de hoy una conciliación obligatoria por diez días hábiles, una medida que debía desactivar momentáneamente el paro de colectivos de 48 horas que había anunciado la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) para todo el interior del país.
La medida de fuerza obedece a un conflicto entre el gremio y los empresarios del sector nucleados en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que desde enero vienen negociando por los salarios de los trabajadores.
“Grave perjuicio”
Desde el Ministerio de Trabajo que comanda Claudio Moroni indicaron que el paró a impedirá la normal operatoria, “produciendo un grave perjuicio a la sociedad”.
“Por consiguiente, resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta autoridad”, argumentaron en la disposición que el gremio finalmente no acató.
Luego de conocerse la decisión ministerial, la conducción nacional de la UTA se tomó algunas horas para definir si la medida de fuerza seguía en pie o si, como es habitual, se acataría la conciliación.
La decisión, hasta el momento, es la comunicada por Lencina. También ratificaron la convocatoria a una movilización, con concentración a las 9:00 de mañana frente a la sede local del gremio (en Chacabuco 165) y posterior marcha a pie por las calles del centro, con la intención de visibilizar el reclamo de los trabajadores.
El pedido es, puntualmente, para cobrar el mismo aumento que se le otorgó a sus pares del Área Metropolitana.
El 8 de abril pasado, la UTA cerró el acuerdo paritario de 2022 para los choferes de corta y media distancia del AMBA. El salario básico se incrementará a 150 mil pesos desde agosto. El sindicato apunta a lograr para los trabajadores del interior el mismo acuerdo, que representa un 50% de incremento anual.
¿Qué sanción cabe a la UTA?
No es una situación habitual el no acatamiento, por parte de una organización sindical, de una conciliación del Ministerio de Trabajo, sea el nacional o cualquiera provincial. La figura compele a las partes a volver a un estado anterior de situación, previo al conflicto que las enfrenta. Y a no innovar con decisiones que puedan agravar el conflicto.
No cumplir con esa disposición genera sanciones contempladas en las leyes 14.786 y 12.921. De hecho existen antecedentes. Hay uno muy recordado: en julio de 2018 el Ministerio de Trabajo de la Nación entonces encabezado por Jorge Triaca notificó al Sindicato de Camioneros que debería pagar una multa de casi de $810 millones por no haber acatado una conciliación obligatoria a fines del 2017. El monto, en aquel momento, se estableció sobre la base de una penalización de $4430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados al sindicato. El cálculo arrojó una cifra final de $809.790.710.
Después esa penalización quedó sin efecto, ya en el actual Gobierno de Alberto Fernández. La actual gestión dispuso la nulidad del procedimiento por considerar que no se identificó ni puede calcularse cuántos trabajadores fueron afectados por la medida. Un fallo judicial cuestionó el monto de la multa y advirtió al Ministerio por aplicarla sobre el total de los trabajadores afiliados a la Federación y no por los involucrados.
