El Gobierno nacional avanza con un exhaustivo control sobre los destinatarios de este programa, con el propósito de certificar que cumplan con las condiciones establecidas. En ese marco, miles de personas recibirán notificaciones para presentarse a evaluaciones médicas y actualizar su documentación, en un proceso que se extenderá durante los próximos meses.
De la redacción de EL NORTE
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Esta semana, el Ministerio de Salud de la Nación dio inicio al proceso de auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el envío de las primeras 300 mil cartas documento a beneficiarios de varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Mendoza y San Luis. El operativo busca verificar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que el beneficio llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan.
En San Nicolás, se desconoce aún la cantidad exacta de notificaciones enviadas, aunque se estima que el proceso podría alcanzar a una parte de los 2.248 beneficiarios que actualmente perciben una pensión no contributiva por invalidez en la ciudad. La medida responde a un plan de reordenamiento impulsado por el Gobierno nacional, con el objetivo de optimizar el sistema y evitar irregularidades en la asignación de estos subsidios.
Las auditorías serán realizadas por profesionales médicos prestadores de PAMI, quienes evaluarán la documentación presentada por cada beneficiario. Las citaciones comenzarán en marzo de 2025 y los convocados recibirán una carta documento con la fecha, hora y lugar del turno asignado. Durante la evaluación, se deberá presentar documentación médica actualizada que respalde la incapacidad laboral por la que se otorgó el beneficio. Luego de la cita, los beneficiarios tendrán un plazo de 30 días para remitir una copia digitalizada de los documentos a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en oficinas de ANSES o en los Centros de Atención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El cumplimiento de esta auditoría es obligatorio. En caso de incomparecencias reiteradas, se podría proceder a la suspensión de la pensión, según lo estipulado por el decreto 432/97. Si el beneficiario no puede asistir al turno por razones justificadas, deberá enviar un correo electrónico a [email protected] hasta 24 horas antes de la citación, adjuntando la documentación correspondiente y copia de su DNI. También se habilitó la posibilidad de comunicarse por WhatsApp con el chatbot TINA (54 11 3910-1010) para gestionar la reprogramación.
Detección de irregularidades
El Ministerio de Salud estableció el plan tras detectar irregularidades en la tramitación de pensiones. En 2024, de las 22.417 pensiones auditadas, solo el 20% cumplió con los requisitos exigidos. Además, se identificó a 150 personas fallecidas y 212 internos del sistema penitenciario que seguían percibiendo la prestación. En octubre del mismo año, 14 prófugos de la justicia fueron detenidos mientras cobraban pensiones por discapacidad. Con estas auditorías, el Gobierno busca transparentar el sistema y estima generar un ahorro de 900 mil millones de pesos para este año.
Los beneficiarios que deseen renunciar voluntariamente a la pensión podrán hacerlo presentando una nota firmada junto con la copia de su DNI en una oficina de ANSES, enviando un correo electrónico a [email protected] o a través del chatbot TINA. Para más información, se puede contactar con la Agencia Nacional de Discapacidad vía telefónica al (54 11) 4379-7630/7631 o por WhatsApp.
El operativo de auditoría se extenderá durante la primera mitad de 2025, con el objetivo de evaluar la totalidad de pensiones activas y garantizar que los recursos del Estado sean destinados a quienes realmente los necesitan.
