El Observatorio Nacional de la organización presentó el registro del primer trimestre de 2026. Ocurren 3,7 intentos por cada asesinato consumado, en promedio cada 29 horas. Denuncian que la desarticulación de las políticas públicas por parte del gobierno de Javier Milei profundiza la vulnerabilidad de las mujeres y disidencias en lo que refiere a esta problemática.
De la Redacción de EL NORTE
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El Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de la organización MuMaLá presentó el Registro de Femicidios correspondiente al primer trimestre de 2026. Los datos, que abarcan desde el 1 de enero al 30 de marzo, exponen una realidad alarmante: la violencia de género no da tregua mientras las políticas públicas nacionales de protección han sido desarticuladas.
Durante los primeros tres meses del año, se registraron 73 femicidios, lo que arroja un promedio de un asesinato por razones de género cada 29 horas. Sin embargo, la letalidad es solo la punta del iceberg. El informe da cuenta, asimismo, de otras aristas de la problemática.
Se contabilizaron 263 casos de intentos de femicidios. Esto significa que ocurren 3,7 intentos por cada asesinato consumado.
En el 63% de estos intentos, la vida de la víctima se salvó gracias a la intervención de terceros, de fuerzas de seguridad o personas presentes.
El 13% de los crímenes ocurrió en marcos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
VÍNCULOS Y DENUNCIAS
En relación con el vínculo entre víctima y victimario, el documento revela que el 51% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas; el 16% por familiares (directos e indirectos); el 6% por otros varones conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros, etc.); el 11% se atribuyeron a sicarios o bandas mafiosas; el 5% fueron perpetrados por desconocidos; de un 11% no hay datos.
Además, el 9,5% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. De las que denunciaron, el 50 % tenía orden de restricción de contacto o perimetral.
Respeto al lugar de los crímenes, el 64% de los femicidios tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; el 11% se registraron en la vía pública; y el 3% ocurrieron en la vivienda del victimario.
RECLAMOS
Se detectaron dos casos de mujeres que se quitaron la vida tras antecedentes de violencia sistemática, lo que se denomina suicidio feminicida.
“Reafirmamos que el Estado es responsable. Legislación hay, lo que falta es un acompañamiento real y medidas de restricción efectivas que no dependan solo de un papel, sino de un monitoreo constante de los agresores. Exigimos la implementación efectiva de la Ley Brisa para los hijos/as de las víctimas y la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género para destinar recursos presupuestarios urgentes a la prevención y protección”, señalaron desde el Observatorio.
