Preocupación empresaria por el impacto de las nuevas reglas
NewsITe
Empresas que recurrieron en los últimos años a esquemas de financiamiento apoyados en cauciones bursátiles volvieron a encender las alarmas tras un cambio regulatorio en las garantías aceptadas por BYMA Clearing. La modificación, comunicada el 9 de octubre, ajusta los criterios de liquidez exigidos para respaldar estas operaciones y podría obligar a muchas compañías a rediseñar con urgencia su estructura financiera.
El cambio apunta, en particular, a las garantías constituidas mediante fondos comunes de inversión (FCI) utilizadas para operaciones de caución bursátil. La lógica oficial es que un pasivo líquido –como la caución– debe estar cubierto por activos igualmente líquidos, reduciendo así el riesgo sistémico en el mercado de capitales.
Sin embargo, actores del sector privado señalan que el problema no radica en el criterio prudencial en sí, sino en la forma en que se aplica sobre financiamientos ya vigentes. Muchas de esas líneas fueron diseñadas para sostener proyectos productivos de mediano y largo plazo, con flujos de fondos escalonados que ahora podrían descalzarse frente a vencimientos anticipados.
Las empresas afectadas advierten que podrían enfrentar concentraciones de pagos en plazos muy breves, incompatibles con los retornos previstos de sus inversiones. En ese escenario, señalan, se genera un problema de liquidez más que de solvencia: firmas con patrimonio sólido, activos en marcha y proyectos rentables quedarían expuestas a incumplimientos técnicos, paralización de obras o, en casos extremos, cierre de unidades de negocios.
Cuestionamientos a intermediarios y reclamo por plazos
El debate también alcanzó a los intermediarios financieros que participaron en la estructuración de estas operaciones. Entre ellos, Bull Market fue señalada por algunos clientes, que remarcan que la compañía cobró comisiones por el armado de los instrumentos y, según su lectura, no estaría impulsando con la intensidad necesaria gestiones para revisar los plazos de implementación del nuevo esquema de garantías.
De acuerdo con lo transmitido por BYMA a los actores involucrados, existirían canales formales para solicitar una revisión de los plazos, en particular en aquellos casos donde se demuestre que el cambio normativo afecta de manera crítica la continuidad del financiamiento. No obstante, los cuestionamientos se concentran en que los intermediarios no habrían agotado todas las alternativas disponibles para morigerar el impacto sobre las compañías.
- Riesgo de vencimientos anticipados y descalce de flujos de caja.
- Posibles reestructuraciones forzadas de deuda de corto plazo.
- Tensión entre la necesidad regulatoria de mayor liquidez y la continuidad de proyectos productivos.
- Conflicto de intereses potencial entre intermediarios y empresas clientes.
“Estamos frente a un caso típico de riesgo de liquidez más que de solvencia: compañías viables podrían quedar atrapadas por cambios repentinos en las reglas del juego”, resumen fuentes del mercado consultadas por este medio.
En el sector empresarial reclaman que se establezca una transición más gradual para las nuevas exigencias sobre garantías de cauciones bursátiles, que permita adaptar los esquemas de financiamiento sin frenar inversiones ni afectar la operatoria cotidiana. Mientras tanto, las firmas revisan alternativas para reconfigurar sus garantías y evitar que una cuestión regulatoria derive en un problema financiero mayor.
