El CPI reunió a empresarios, gremios y Gobierno por la infraestructura
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) reunió en el predio de La Rural, en Buenos Aires, a representantes de las principales cámaras empresarias del país, junto a la CGT y la UOCRA, para debatir el rumbo de la infraestructura en la Argentina. El encuentro dejó una conclusión central: sin estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y reglas claras no habrá financiamiento sostenido para las obras estratégicas que el país necesita para crecer.
El CPI, que integra a entidades del denominado G6 junto a los gremios, busca consolidarse como un ámbito permanente de diálogo entre el sector público y privado. La premisa que sobrevoló toda la jornada fue que la inversión en rutas, energía, transporte y conectividad es condición imprescindible para bajar costos, ganar competitividad y apuntalar el desarrollo productivo y el empleo formal en todo el territorio nacional.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, remarcó que el sector cuenta con más de 250 estudios sobre obras prioritarias y advirtió que, sin una infraestructura moderna financiada con aportes públicos y privados, “no hay desarrollo posible para ningún sector”. Planteó además la necesidad de que el debate sobre infraestructura se mantenga en la agenda nacional y trascienda los ciclos políticos.
Desde el sistema financiero, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, insistió en que para atraer inversiones de largo plazo se requiere consolidar una macroeconomía ordenada, una moneda estable y un mercado de crédito más profundo. Señaló que la Argentina está en condiciones de impulsar esquemas de participación público-privada (PPP) para encarar proyectos de gran escala, siempre que se brinde previsibilidad regulatoria.
Coincidencias y matices entre empresarios y gremios
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, subrayó que un país tan extenso como la Argentina necesita una política de infraestructura sostenida en el tiempo. Reconoció que el actual proceso de cambios implica esfuerzos, pero sostuvo que el rumbo apunta a mejorar la competitividad y la integración territorial.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, coincidió en la importancia del orden macroeconómico y fiscal, aunque advirtió que ese objetivo no debe alcanzarse a costa del deterioro social. Reclamó un Estado eficiente que continúe planificando y coordinando obras que conecten regiones, impulsen el desarrollo productivo y generen empleo de calidad.
En la misma línea, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, sostuvo que la llegada de inversiones genuinas en infraestructura demanda seguridad jurídica, financiamiento accesible y un rol activo del Estado en la organización de los costos de los proyectos. Mencionó al sector energético como una de las mayores oportunidades para el país, siempre que se acompañe con redes de transporte y logística adecuadas.
Productividad estancada y necesidad de más inversión
El economista Ariel Coremberg, referente del proyecto ARKLEMS+LAND, presentó un diagnóstico preocupante sobre el desempeño de la economía argentina. Según sus estimaciones, la productividad del país permanece estancada en niveles similares a los de 1950. Para alcanzar un crecimiento del 2,9% anual, advirtió, sería necesario elevar la inversión del actual 16,6% del PBI al 23,3%; y llevarla al 32,2% si se aspira a tasas cercanas al 6% anual.
Coremberg puntualizó que las prioridades de inversión deberían concentrarse en transporte, energía y conectividad digital, tres componentes esenciales para reducir costos logísticos, integrar cadenas de valor y mejorar la competitividad de las economías regionales. También destacó que la planificación de largo plazo es clave para evitar cuellos de botella cuando se disparan sectores como la minería, el agro o los hidrocarburos no convencionales.
- Elevar la inversión total por encima del 23% del PBI para sostener el crecimiento.
- Apuntar a obras en transporte, energía y conectividad como ejes estratégicos.
- Garantizar marcos regulatorios previsibles para atraer capital de largo plazo.
- Fortalecer el diálogo entre Estado, empresas y sindicatos para definir prioridades.
Planes hídricos, minería y energía en la mira
En materia de desarrollo regional, el especialista Edgardo Castellanos (COREBE) expuso un plan hídrico para el NOA que contempla, entre otras obras, el proyecto San Juancito en Jujuy, un acueducto de 210 kilómetros en Salta y acciones para manejar excedentes de los ríos Bermejo y Bermejito. Estas iniciativas apuntan a mejorar el acceso al agua, prevenir inundaciones y garantizar recursos para la producción.
El dirigente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, advirtió que la expansión de la minería demandará inversiones anticipadas en transporte y energía para evitar saturar la infraestructura existente. En paralelo, el especialista de la UIA, Alberto Calsiano, alertó que, pese al avance de Vaca Muerta, el sistema de transporte eléctrico en Extra Alta Tensión opera al límite y necesita ser reforzado con urgencia.
“Para resolver los problemas estructurales y ordenar la macroeconomía, la mejor herramienta que tenemos es el diálogo y el consenso”, sintetizó el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, al cerrar una jornada en la que empresarios, sindicatos y funcionarios coincidieron en que la infraestructura será determinante para el futuro económico del país.
En el tramo final del encuentro, el secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Fernando Herrmann, presentó los lineamientos de un plan de modernización y privatización que incluye la concesión por 20 años de 9.154 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema totalmente privado, la privatización de las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Urquiza por 50 años para reducir costos logísticos, y la continuidad de las obras hídricas sobre el río Salado para prevenir inundaciones en 59 municipios. El desafío, coincidieron los participantes, será combinar estos proyectos con un marco de estabilidad y reglas claras que permitan convertirlos en motores sostenidos del crecimiento.
