El titular de la empresa «Grupo Custodia SRL», Ramón Ortellado, denunció a los dirigentes sindicales Roberto Mamoli, Favio Gómez y David Portillo por presunta “coacción”. Asegura que los gremialistas le exigieron dinero para permitir que siga con su actividad de seguridad y vigilancia.
De la redacción de EL NORTE
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Una grave denuncia fue radicada en fiscalía el pasado 2 de febrero por el representante de la empresa «Grupo Custodia SRL». Su titular, Ramón Ortellado, aseguró ante la Justicia que los dirigentes gremiales del Sindicato de Vigilancia le exigían la entrega de determinadas sumas de dinero para permitirle trabajar.
En diálogo con EL NORTE, Ortellado relató: “Nosotros tenemos una empresa de seguridad que compramos hace poco más de un año. Estaba a punto de quebrar, sabíamos que tenía un montón de problemas financieros y se la compramos a gente de San Pedro para regularizarla para tratar de reflotarla. Nosotros la viabilizamos, pusimos la oficina acá en la ciudad, la trasladamos de San Pedro hasta San Nicolás, hicimos todo para levantarla. Nos hicimos cargo de los trabajadores que estaban sin cobrar, hemos pagado, la hemos levantado.”
Y continuó diciendo: “Antes la empresa nunca había tenido un requerimiento de AFIP, una inspección del Ministerio de Trabajo o un reclamo del Sindicato; desde que los muchachos del gremio vinieron con esta propuesta de que les paguemos para dejarnos tranquilos y la rechazamos, comenzó la persecución, las denuncias de la AFIP, del Ministerio de Trabajo que buscan perjudicarnos. La gente del sindicato fue a recorrer clientes nuestros, trajeron otras empresas de seguridad de afuera para que visiten a nuestros clientes y nos dejen sin trabajo. De hecho, ya hay una que rescindió contrato cediendo a la presión. Nos mandaron una nota para desvincularnos, que justamente hoy voy a anexar en la ampliación de denuncia”.
El empresario concluyó: “Lo conocía a Mamoli, los conozco a todos; nunca pensé que esta gente era así, recibíamos amenazas de que si no accedíamos, no nos iban a dejar trabajar, que nos iban a sacar nuestros clientes, pero no pensé que lo iban a cumplir. Nos cansamos de poner plata”.
La denuncia
La denuncia fue presentada en la Fiscalía General el pasado 2 de febrero por el empresario de 62 años, en su carácter de apoderado de la empresa «Grupo Custodia SRL» ubicada en Balcarce al 50 y señala específicamente a los sindicalistas Roberto Mamoli, Favio Gómez y David Portillo por la comisión de los delitos de “extorsión”.
Los nombrados pertenecen al Sindicato de UPSRA (Unión del Personal de Vigilancia de la República Argentina), asegurando que el accionar de los mismos afecta sus derechos constitucionales de libertad de trabajo y de propiedad privada afectando también las fuentes de trabajo.
Detalla la presentación que el martes 26 de abril de 2022 alrededor de las 10 de la mañana Ortellado recibe un llamado telefónico por parte de Mamoli, diciéndole que le va a enviar a Favio Gómez porque necesitaba una “colaboración económica” de la empresa, porque siendo el Día del Vigilador vendría a San Nicolás el secretario general del sindicato y querían realizar un almuerzo.
Diciéndole, además, que el enviado “le iba a hacer conocer cuáles eran las condiciones entre empresa y sindicato para que todo marche sin conflictos y en paz”. Conforme reza en la denuncia, dos días después, el jueves 28, se habría presentado Gómez diciéndole que viene a buscar “la colaboración” y que debe prepararle 1.000.000 de pesos porque iban a cambiar de lugar la sede del sindicato y necesitaban el dinero.
Además le habría manifestado que a esa suma debía agregar otros 300.000 pesos para darle al delegado regional del Ministerio de Trabajo. Ortellado denuncia haber respondido de manera negativa y pidiendo que le digan cuál era la normativa que reglamentaba eso. La respuesta por parte de Gómez habría sido, siempre de acuerdo a la denuncia del empresario: “Para no tener conflictos gremiales, que ellos garantizan, y para que el Ministerio no controle ni multe y que si se negaba, hablarían con las empresas con las que el denunciante contrata para que les sean rescindidos los acuerdos y se los darían a otros vigiladores”.
Luego del rechazo habrían comenzado las presentaciones en el Ministerio, las multas, las citaciones por supuestas transgresiones laborales, según consta en la denuncia por extorsión presentada ante la Fiscalía General.