La Justicia trabó embargos de bienes muebles e inmuebles registrables de los tres acusados por cuantiosas estafas. Departamentos, cocheras, terrenos, embarcaciones y una gran cantidad de autos de alta gama quedaron sujetos a la medida. El monto por el que fue trabada la medida precautoria, apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación, es de casi 600.000 dólares y 10 millones de pesos. Héctor Páez, el tercer imputado, continúa prófugo.

De la redacción de EL NORTE
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Continúan ingresando las denuncias de personas damnificadas por las maniobras fraudulentas de los tres imputados en las millonarias estafas investigadas. La fiscalía a cargo evalúa asignar día y horario para recibirlas ante la magnitud de los ingresos de los últimos días. En el avance de la causa la Justicia procedió al embargo de una gran cantidad de bienes muebles registrables e inmuebles, terrenos, embarcaciones y vehículos de alta gama pertenecientes a Paula D´Adamo, Walter Gulías y Héctor Páez. La medida de inhibición general para evitar una posible insolvencia había sido dictada en 2020, pero este miércoles se avanzó con la individualización de los bienes y el embargo de cada uno de ellos, cantidad que se incrementará a medida que siga comprobándose la efectiva propiedad de cada uno de los bienes que se han ido encontrando con el avance de la pesquisa. El monto por el que fue trabada la medida precautoria, y que es apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación, es de casi 600.000 dólares y 10 millones de pesos.
Respecto de Walter Gulías, la Justicia embargó tres departamentos en pleno centro de la ciudad, cinco casas, cinco cocheras, seis automóviles, entre los cuales se encuentran uno de la marca Mercedes y un BMW, todos de alto costo, y una embarcación.
En cuanto a Paula D´Adamo, quedaron sujetos a la medida cautelar un departamento en la zona más cara de la ciudad, una propiedad en un country, otra en Cariló y una cochera, cinco vehículos de alta gama, entre ellos dos de la marca Audi, y una embarcación.
Y, por último, a Héctor Páez le fueron embargados una propiedad en Martínez, otra en Cariló y tres costosos automóviles, entre ellos dos de la marca Audi.
Indagatoria
La audiencia de declaración indagatoria de Paula D´Adamo, la contadora acusada de cometer junto con otras dos personas estafas millonarias, se extendió durante varias horas. Ante el fiscal Patricio Mújica Díaz, a cargo de la investigación, la imputada aceptó declarar, respondió preguntas y se proclamó inocente. Deslindó su responsabilidad y la de Héctor Páez y sindicó como al autor de las maniobras a Walter Gulías. De todas formas, deberá afrontar el proceso y permanecerá detenida. La mujer acusada se había entregado a la Justicia este lunes cuando estaba a punto de ser dictada una orden de captura en procura de lograr su aprehensión. D´Adamo llegó a la sede de la DDI acompañada de un abogado capitalino. Finalmente también se dictó la orden de captura internacional respecto de Héctor Páez, otro de los imputados que permanece prófugo. La manda procesal fue emitida este martes y se procura su detención. No se descarta que el imputado se entregue a la Justicia, ya que por su edad, 72 años, y una enfermedad preexistente, es posible que pueda acceder a la prisión domiciliaria. Se cree que Páez estaría en el país, pero de todas maneras la orden se extendió fuera de las fronteras. Tres personas están acusadas en la causa por defraudación. Con la aprehensión de Paula D´Adamo y de Walter Gulías, que se había concretado el pasado 28 de septiembre, solo resta la detención de Héctor Páez.
La medida de cumplimiento había sido dictada luego de que se ordenaran sendos allanamientos en Martínez y en Vicente López. Para hacer efectiva la orden de detención impartida contra ambos, y que los mismos no fueran hallados, la Justicia los consideró prófugos y trabajaba en una orden de captura inminente. Sobre D´Adamo, Páez y Gulías ya pesaba una medida de inhibición de bienes y la prohibición de salir del país desde 2020.
Walter Gulías, el tercer implicado, había sido detenido por personal de la DDI en pleno centro de la ciudad en zona cercana a su domicilio el pasado 28 de septiembre y aunque la defensa había solicitado la excarcelación, el recurso le fue rechazado.
Las tres personas mencionadas están acusadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de cientos de ahorristas de San Nicolás y de la zona.
Extraoficialmente trascendió que la Administración Federal de Ingresos Públicos habría iniciado de oficio una investigación sobre el origen de los fondos puestos a inversión. Desde fiscalía negaron que les haya sido solicitada algún tipo de información, afirmaron que no ingresó ningún pedido desde AFIP, que ellos tampoco lo efectuaron, que no corresponde a ese organismo pedirla ni mandarla, que ellos investigan conductas de los imputados y que no es ese, en este caso, el objeto de la investigación.
El monto por el que fue trabada la medida precautoria, y que es apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación, es de casi 600.000 dólares y 10 millones de pesos.
La estafa
La defraudación tomó estado público en octubre de 2019 cuando los ahorristas comenzaron a reclamar, sin éxito, la devolución de las sumas invertidas. Los inversores denunciaron entonces a los titulares Paula D´Adamo, de Casa de Cambio San Nicolás, Walter Gulías, de Inversiones San Nicolás, y Héctor Roberto Páez, de la agencia de cambios Century en Martínez.
Ya en 2020 las víctimas realizaron marchas en reclamo de la devolución de sus ahorros. En el mismo año un ahorrista desesperado de 65 años, en un acto que generó extrema tensión, irrumpió portando un arma de fuego en el departamento que ocupaba Walter Gulías. El inversionista lo tomó de rehén y amenazó con matarlo y luego quitarse la vida si no recuperaba su dinero, una suma superior a los 30.000 dólares. Luego de horas de negociación, en las que incluso el hombre fuera de sí llegó a disparar el arma sin herir a nadie, depuso su actitud, liberó al financista y se entregó a la policía. El fiscal Patricio Mújica Díaz, en diálogo con EL NORTE, había estimado que se presume que la cantidad de denuncias llega apenas al 10% del total de damnificados e indicó que en el proceso de investigación fue fundamental la intervención de la Unidad de Delitos Económicos de La Plata.

