El TOF 2 avanza sobre nuevos bienes en la Causa Vialidad
NewsITe
El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) dictó nuevas medidas cautelares y embargos preventivos sobre distintos bienes vinculados a la denominada Causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria.
Según la resolución, el inmueble pertenece a la sociedad Los Sauces S.A., una firma inmobiliaria de la familia Kirchner. El tribunal recordó que estos activos forman parte del patrimonio sobre el que se busca garantizar el eventual decomiso de hasta 685.000 millones de pesos, monto fijado en la sentencia como producto a recuperar por el Estado en el marco de la maniobra de fraude en la obra pública.
La decisión del TOF 2 abrió interrogantes sobre el futuro lugar de cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner. Sin embargo, los jueces aclararon que los embargos no implican por el momento una subasta ni la realización inmediata de los bienes, ni modifican la titularidad registral. El objetivo es asegurar la “indisponibilidad jurídica” de los activos mientras se define, en instancias superiores, el decomiso definitivo.
Los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso enmarcaron estas medidas en una segunda etapa de ejecución patrimonial. La primera fase ya había alcanzado 111 propiedades requeridas por el fiscal Diego Luciani y aprobadas por el propio tribunal, entre ellas 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 asociados al empresario Lázaro Báez y seis pertenecientes a otros condenados.
Segunda etapa de embargos y alcance sobre la familia Kirchner
En noviembre pasado, el TOF 2 ordenó avanzar con el decomiso de ese primer grupo de propiedades, decisión que fue avalada en febrero por la Cámara Federal de Casación Penal. Tanto Cristina Kirchner como Báez recurrieron ese fallo y ahora la definición final sobre esos bienes quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el máximo tribunal analiza los recursos, el TOF 2 inició una nueva etapa de medidas cautelares sobre otros 144 activos, entre ellos inmuebles, vehículos y participaciones accionarias en distintas sociedades. Dentro de ese paquete se encuentran también cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los jueces justificaron la extensión de los embargos sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner a partir de lo resuelto en la sentencia de la Causa Vialidad, donde se concluyó que la maniobra de direccionamiento de la obra pública generó beneficios económicos directos para las empresas de Báez e indirectos para la familia presidencial. Según el fallo, entre 2003 y 2015 se verificó una conexión económica y comercial sostenida entre las compañías del empresario patagónico y los negocios de los Kirchner, tanto a título personal como a través de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Fundamentos legales y proyección del proceso
En su resolución, el TOF 2 citó el artículo 23 del Código Penal, que habilita a alcanzar con el decomiso a personas jurídicas que se hayan beneficiado con el producto de un delito e incluso a avanzar sobre bienes o participaciones que hayan sido cedidos gratuitamente a terceros. Con ese criterio, el tribunal sostuvo que pueden ser afectados todos los bienes que los nueve condenados incorporaron a sus patrimonios entre 2003 y 2015.
- El departamento de San José 1111 queda embargado como parte del patrimonio de Los Sauces S.A.
- Se amplía el alcance de las medidas a inmuebles, vehículos, acciones y depósitos en dólares vinculados a la familia Kirchner y a Lázaro Báez.
- El proceso de ejecución patrimonial seguirá abierto mientras la Corte Suprema analiza los recursos pendientes.
“Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar la indisponibilidad de los bienes hasta tanto se resuelva el decomiso definitivo”, señalaron los jueces del TOF 2 en la resolución.
De esta manera, el tribunal mantiene en curso la ejecución patrimonial de la condena en la Causa Vialidad, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema sobre el primer paquete de propiedades. Hasta entonces, los inmuebles y activos involucrados seguirán alcanzados por embargos y restricciones, en un proceso judicial que continúa sumando capítulos e impacto político e institucional.
