Un sistema desactualizado que vulnera el principio de “un ciudadano, un voto”
NewsITe
La Cámara de Diputados de la Nación arrastra desde 1983 una distorsión estructural en la representación política que se conoce en la ciencia política como malapportionment, o “mala proporcionalidad” en el reparto de bancas. El resultado es un fenómeno al que muchos especialistas llaman “voto fantasma”: millones de ciudadanos, principalmente de las provincias más pobladas, ven subrepresentado su peso electoral frente a distritos más chicos, cuyos votos valen varias veces más.
En la práctica, la fotografía de la Cámara Baja quedó congelada en la víspera del regreso de la democracia. Pese a los sucesivos censos y al crecimiento poblacional —Argentina pasó de 29,3 millones de habitantes en 1983 a unos 46 millones hoy— nunca se actualizó de manera integral la distribución de escaños, como ordena la Constitución Nacional y reclamó la Justicia Electoral.
El caso más extremo es el contraste entre Tierra del Fuego y la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con cálculos de la Cámara Nacional Electoral, en el distrito fueguino alcanza con unos 38.000 votos para acceder a una banca, mientras que en territorio bonaerense se necesitan alrededor de 250.000 sufragios. Es decir, el voto fueguino pesa aproximadamente 6,5 veces más que el de un bonaerense al elegir diputados nacionales.
La herencia del decreto de la dictadura y la sobrerrepresentación
El origen de esta inequidad está en el decreto-ley 22.487, firmado en 1983 por el dictador Reynaldo Bignone. Esa norma fijó un diputado cada 161.000 habitantes (o fracción no menor a 80.500), sumó tres bancas adicionales por distrito, estableció un piso mínimo de cinco diputados por provincia y prohibió que alguna tuviera menos representantes que los que tenía en marzo de 1976. También otorgó una representación especial al entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, que luego se transformó en provincia.
Esas reglas, nunca corregidas en democracia, generaron una sobrerrepresentación persistente de los distritos menos poblados y una subrepresentación de las provincias grandes. La Ciudad de Buenos Aires, con población prácticamente estancada en torno a los 3 millones de habitantes, conserva 25 bancas (una cada 124.000 personas). En cambio, Buenos Aires, con unos 17 millones de habitantes, tiene 70 escaños, es decir, uno cada 250.000 ciudadanos.
Según la Cámara Nacional Electoral, el distrito bonaerense concentra el 38% de la población del país pero sólo el 27% de las bancas. De actualizarse los números, debería contar al menos con 109 diputados, y algunos proyectos elevan ese techo potencial a 125. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones también aparecen como claramente subrepresentadas, mientras que provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Cruz, La Rioja o San Luis se benefician del piso mínimo de cinco bancas.
Qué es el “malapportionment” y por qué preocupa en Argentina
El término malapportionment es utilizado por la ciencia política para describir una distribución desproporcionada de escaños legislativos respecto del peso demográfico de cada distrito. No es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero los especialistas advierten que en el sistema argentino se manifiesta con una intensidad particular por la magnitud de las diferencias entre provincias.
En 2018, la Cámara Nacional Electoral se hizo eco de un amparo presentado por un ciudadano de Córdoba y falló que la actual composición de Diputados viola el principio de representación proporcional al pueblo de la Nación previsto en el artículo 45 de la Constitución. El tribunal calificó la situación como una forma de “geometría electoral pasiva”: una manipulación de la igualdad del voto por inacción del legislador, al no adecuar las bancas a los datos de los censos.
Pese a ese fallo, el Congreso no avanzó en reformas concluyentes. Parte de la resistencia proviene de las provincias chicas, que temen perder peso político, y del clima social adverso a cualquier aumento en el número de legisladores por el costo fiscal y el descrédito de la clase política.
Proyectos de reforma y límites del sistema actual
En los últimos años se presentaron distintas iniciativas para corregir el “voto fantasma”. Algunas proponen mantener el número actual de 257 diputados pero redistribuirlos con criterios más ajustados a la población; otras plantean elevar la cantidad de bancas, siguiendo combinaciones diversas de umbrales de habitantes por cada escaño y pisos mínimos por provincia.
- Proyectos como los impulsados por Margarita Stolbizer o Carla Carrizo proponen aumentar la Cámara a un rango de entre 290 y 334 diputados, reduciendo levemente el piso por provincia y actualizando la representación según los últimos censos.
- Otras iniciativas, como la del libertario Álvaro Martínez, buscan conservar los 257 escaños totales pero revisar a la baja el mínimo de bancas por distrito y redefinir el número de habitantes necesarios para elegir un diputado.
- Especialistas como Alejandro Tullio y Juan Manuel Abal Medina plantean opciones intermedias que combinan moderados aumentos de bancas con una reasignación que mejore la proporcionalidad sin dejar sin voz a las jurisdicciones menos pobladas.
“Si se quiere cumplir con la Constitución Nacional y con la Justicia Electoral, no hay más alternativas que redistribuir las bancas actuales o ampliar el número de diputados. De lo contrario, seguirá habiendo millones de votos con menor peso en la ‘Casa del Pueblo’”, advierten los expertos.
Mientras tanto, el Congreso continúa funcionando con un mapa político que refleja la Argentina de principios de los años ’80 y no la del siglo XXI. La discusión sobre el “malapportionment” pone en el centro del debate una pregunta incómoda para el sistema político: hasta qué punto la democracia argentina garantiza de verdad que cada ciudadano, viva donde viva, tenga un voto con el mismo valor a la hora de elegir a sus representantes.
