El organismo de control objetó la Cuenta General 2025
NewsITe
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba recomendó no aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025 presentada por la gestión del gobernador Martín Llaryora. El dictamen, de carácter técnico e institucional, puso en duda el superávit de $592.000 millones informado por el Poder Ejecutivo provincial y abrió un nuevo frente de debate sobre la situación de las finanzas cordobesas.
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De acuerdo con la información a la que accedió Noticias Argentinas, el organismo de control cuestionó los criterios contables utilizados para registrar operaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF). En particular, señaló que pérdidas generadas por diferencias de cambio e intereses asociados a la deuda pública habrían sido contabilizadas como activos y no como gastos corrientes, lo que habría impactado de manera directa en el resultado final de la Cuenta General.
Según la interpretación del Tribunal, si se aplicara el criterio contable propuesto por el organismo, el ejercicio 2025 no habría cerrado con superávit sino con un déficit de $444.986 millones. Esa diferencia entre el resultado informado por el Gobierno y el cálculo alternativo del Tribunal se convirtió en el núcleo de la observación técnica, que ahora deberá ser analizada por las instancias políticas e institucionales correspondientes.
El dictamen también incluyó reparos sobre la situación de la Caja de Jubilaciones provincial, posibles incumplimientos de disposiciones de la Constitución de Córdoba y deficiencias en materia de transparencia y detalle de la documentación remitida por la administración de Llaryora. Para el organismo de control externo, estos puntos resultan centrales para evaluar con precisión el verdadero estado de las cuentas públicas.
Alcance institucional del dictamen y próximos pasos
Desde el Tribunal de Cuentas remarcan que la recomendación de no aprobar la Cuenta General del Ejercicio no constituye una resolución judicial ni implica, por sí sola, la existencia de delitos. Se trata de una opinión técnica fundada, que forma parte del proceso institucional de revisión anual del uso de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo.
- La Cuenta General 2025 continuará su trámite en los ámbitos legislativos y administrativos previstos por la normativa provincial.
- El Gobierno de Córdoba tendrá la posibilidad de presentar descargos, aclaraciones y documentación adicional frente a cada una de las observaciones formuladas.
- El Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo, mantiene la responsabilidad de revisar el gasto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para el Tribunal de Cuentas cordobés, el registro contable de pérdidas cambiarias e intereses de deuda es clave para determinar si el resultado financiero del ejercicio fue realmente superavitario o, por el contrario, deficitario.
El desarrollo de este expediente será seguido con atención por el arco político y los actores económicos de la provincia, en un contexto en el que la solidez de las cuentas públicas y la confiabilidad de la información fiscal son factores determinantes para la planificación de inversiones, el endeudamiento y la definición de políticas públicas a mediano plazo.
