El fallo que cambia la situación judicial del exmandatario
NewsITe
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú anuló la investigación y el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016, por presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales. La decisión abre la puerta a su inmediata liberación, dado que el exmandatario cumplía una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo.
La resolución responde a una demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Humala. El máximo órgano constitucional del país consideró que, en este caso, se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad penal, íntimamente ligados al derecho a la libertad personal, según consignó la cadena alemana DW y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas.
En su fallo, el TC declaró la nulidad de todo el proceso seguido contra el exmandatario y extendió ese criterio a su esposa, Nadine Heredia, también procesada en la misma causa. Heredia había solicitado asilo político en Brasil ante el avance de las investigaciones vinculadas con presuntos aportes irregulares a las campañas de 2006 y 2011.
Cuestionamientos a la tipificación de lavado de activos
El núcleo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional se centra en la figura de lavado de activos. Los magistrados sostuvieron que los aportes de campaña cuestionados no podían encuadrarse, en el momento de los hechos, dentro de las modalidades previstas por la legislación peruana para ese delito. En consecuencia, la imputación habría violado el principio de legalidad penal, que impide castigar conductas que no estaban claramente tipificadas como delito al momento de ocurrir.
Una interpretación similar fue utilizada por el TC al archivar el proceso por presunto lavado de activos contra la actual líder opositora Keiko Fujimori. En ambas causas, se determinó que los aportes irregulares a campañas electorales no pueden ser tratados automáticamente como lavado de dinero, lo que pone bajo la lupa un conjunto de investigaciones abiertas en el marco del escándalo de corrupción regional asociado a la constructora brasileña Odebrecht.
Odebrecht, política y financiamiento partidario
Los aportes cuestionados a Humala, de acuerdo con testimonios recopilados por la Fiscalía peruana, provendrían de empresas como Odebrecht y de fondos vinculados al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Estas acusaciones se inscriben en una trama más amplia de presunto financiamiento irregular de campañas políticas en varios países de la región, donde la constructora brasileña admitió pagos ilegales y sobornos.
El Partido Nacionalista Peruano, que llevó a Humala a la presidencia, quedó en el centro de la escena por el origen y el manejo de esos recursos. Sin embargo, para el TC, el marco normativo vigente en los años 2006 y 2011 no contemplaba expresamente la recepción de aportes de campaña como una modalidad típica de lavado de activos, lo que debilita el sustento jurídico de la acusación.
“Cuando ocurrieron los hechos, los actos de recepción patrimonial vinculados a campañas electorales no se encontraban previstos como una modalidad típica del delito de lavado de activos”, señala el fallo del Tribunal Constitucional.
La decisión tendrá impacto político y judicial: por un lado, reconfigura la situación de Humala y de su entorno; por otro, podría marcar un precedente para otros expedientes en marcha sobre financiamiento electoral en Perú. El debate sobre cómo controlar y transparentar el dinero que ingresa a la política vuelve así al centro de la agenda pública.
