Pesino defiende su continuidad en la Cámara Laboral ante fuertes impugnaciones
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El Senado de la Nación inicia una nueva ronda de audiencias públicas para analizar pliegos judiciales, y uno de los casos que promete mayor tensión política y gremial es el del juez Víctor Pesino. El magistrado busca una prórroga de cinco años para continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, pese a haber alcanzado el límite de 75 años que marca la Constitución para los jueces.
Pesino expondrá este martes desde las 10 ante la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, en una audiencia en la que deberá responder a cuatro impugnaciones formales. Entre los objetores se encuentran la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Empleados de la Justicia y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quienes cuestionan tanto su desempeño reciente como la conveniencia de extender su mandato.
La controversia en torno al camarista se agudizó a partir de dos decisiones de alto impacto político y sindical. En primer lugar, Pesino, junto a la jueza María Dora González, dejó en suspenso un fallo de primera instancia que había hecho lugar a una cautelar de la CGT para frenar 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Esa resolución fue interpretada por la central obrera como un revés judicial clave en plena puja por el alcance de los cambios en el derecho del trabajo.
En segundo lugar, se le reprocha su actuación en la intervención de una seccional de la UOM. De acuerdo con los cuestionamientos presentados, el tribunal entendió que hubo irregularidades en el proceso electoral interno, especialmente en la seccional Campana, donde se cuestionó la transparencia del comicio que consagró a la conducción gremial. Esa decisión derivó en un fuerte enfrentamiento entre el sector metalúrgico y la Justicia laboral.
Los argumentos de las impugnaciones y el contexto en el Senado
En su voto, Pesino y González remarcaron que en aquella elección sindical no se garantizó “una elección confiable, segura ni transparente”. Entre los fundamentos, destacaron la extensión del acto electoral durante tres días y la falta de escrutinios provisorios diarios y públicos, tal como lo exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88. Según el fallo, esas falencias impidieron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio, justificando así la intervención.
Más allá del frente gremial, el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart presentó una impugnación adicional en la que apunta al funcionamiento del despacho del magistrado. Sostiene que Pesino acumula alrededor de 2.700 expedientes sin resolución y registra una demora estructural de unos dos años en el dictado de sentencias, cuatro veces superior al plazo legal de 60 días hábiles previsto para las decisiones en la justicia del trabajo. Ese cuadro es presentado como un indicador de ineficiencia incompatible con la prórroga del cargo.
- Impugnación de la CGT por la cautelar que frenaba la reforma laboral.
- Cuestionamientos de la UOM por la intervención de su estructura sindical.
- Críticas por demoras y acumulación de expedientes en la Cámara laboral.
- Audiencia pública en la Comisión de Acuerdos para definir su futuro.
La audiencia de este martes forma parte de una nueva tanda de alrededor de 60 pliegos que el Senado comenzó a tratar luego de la sesión del 14 de mayo, en la que ingresaron numerosas propuestas para cargos judiciales. En la última sesión ya se habían aprobado 74 designaciones, entre ellas la de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuyo pliego fue posteriormente objetado por el presidente Javier Milei, reavivando el debate sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Otros jueces en la agenda y el impacto político de las designaciones
Además del caso Pesino, la Comisión de Acuerdos analizará la situación de otros magistrados. Entre ellos se encuentra el juez federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, para quien también se solicita una prórroga en su cargo. Se trata de un magistrado con fuerte presencia en la justicia federal sanjuanina, según consignan fuentes judiciales.
En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se presentarán también las candidatas María Claudia Jueguen, propuesta para integrar la Sala X, y Marina Pisacco, nominada para la Sala VI. A ellas se suman los postulantes Diego Javier Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro, quienes buscan ocupar distintos lugares en las salas laborales porteñas. El avance o freno de estos pliegos será observado de cerca por el ámbito judicial y por los principales actores políticos y gremiales.
“No se garantizó una elección confiable, segura ni transparente”, señalaron en su momento los camaristas al fundamentar la intervención en la UOM, frase que hoy vuelve a escena en el marco del debate por la continuidad de Víctor Pesino.
El tratamiento de estas designaciones se da en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, en medio de la discusión por la reforma laboral y la reconfiguración del poder judicial. Lo que ocurra en la Comisión de Acuerdos y luego en el recinto será clave para definir el futuro de Pesino y de una parte significativa de la estructura judicial del trabajo en la Argentina.
